Una atención a medias

La ley de dependencia aprobada en 2006 por el gobierno de Rodríguez Zapatero es un buen ejemplo de cómo las mejores intenciones chocan con la realidad y cómo pueden crearse unas expectativas ilusionantes que luego se frustran por la realidad presupuestaria. Representó en su momento una innovación normativa porque atendía las situaciones de incapacidad personal, que se definen como la imposibilidad, o dificultad en diverso grado, de realizar los actos esenciales de la vida diaria y además completaba los niveles de atención a los mayores o la tercera edad y también a las personas discapacitadas. Desde su aprobación se advirtió de los posibles problemas de financiación que tenían que asumir Estado y autonomías, que se agravaron con los recortes presupuestarios y el impacto de la crisis económica, lo que se convirtió en la primera rémora para la aplicación de la ley, que también se complicó por la avalancha de peticiones y la lentitud en la tramitación, con listas de espera en la evaluación inicial para determinar el grado de asistencia que se requiere y el tipo de ayuda que se debe prestar.

Y con el paso del tiempo ha habido un desfase en el ritmo de aplicación de las diferentes autonomías, de forma que, según el informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ocho autonomías habían suspendido en la aplicación de la ley con los datos de 2016, entre las que estaba Catalunya, que retrocedía en servicios prestados y también en prestaciones, mientras aumentaban las listas de espera y se perdían puestos de trabajo en la atención a dependientes. En Lleida la situación es similar y frente a los 3.600 leridanos que reclamaron ayudas en 2018, apenas un veinte por ciento consiguieron percibirlas en el último año y como sucede en el resto del Estado unos 600 leridanos han fallecido en los últimos años esperando que les llegaran las ayudas prometidas, pese a que cerca de 500 ya las tenían reconocidas tras haber pasado por el Programa Individual de Atención. Seguimos con el problema presupuestario porque uno de cada tres catalanes en situación de dependencia no recibe ningún tipo de prestación o servicio pese a tener un grado reconocido por la ley y aunque las disponibilidades no son infinitas, sí convendría cambiar las prioridades para asumir la atención a estas personas.