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El próximo 17 de junio entrará en vigor la nueva ley hipotecaria y, en líneas generales, el Banco de España deja entrever que veremos un encarecimiento de los diferenciales y un endurecimiento de las condiciones de financiación para los clientes en general y con los que tengan un perfil de riesgo, en particular. El regulador financiero recuerda que la banca necesita protegerse de varias de las novedades que incluye la ley y pensadas para favorecer a los consumidores: en el pago de los gastos ligados a la formalización de las hipotecas, el cliente solo asumirá la tasación de la casa y las copias de la escritura que solicite, limita la comisión por amortización anticipada del préstamo (se reducen en el caso de las hipotecas variables y llega un límite para las fijas) y hay mayor protección para los hipotecados con problemas (se amplía el periodo de impago antes de que se lleve a cabo el embargo). No podemos olvidar que los bancos contratan una especie de seguro conocido como “instrumentos de cobertura de tipo de interés” y, si el cliente cancela anticipadamente el préstamo, el banco podría perder dinero al tener que cancelar dichas coberturas. Todas estas premisas son conocidas por las entidades financieras desde hace meses y, por tanto, no es lógico que se paralicen préstamos hasta que entre en vigor la nueva normativa. La medida, precisamente, no beneficia a familias, emprendedores y a todos los ciudadanos que precisan de la banca, ni al sector inmobiliario, ahora que parece remontar tras años de dura crisis.Los vídeos del SupremoAl margen de ideologías, partidos políticos y sensibilidades en relación al procés, las imágenes visionadas ayer en el Tribunal Supremo de los colegios de Lleida, y del resto de Catalunya, donde se votó el referéndum del 1-O, hieren a cualquier persona de bien. El voto de los ciudadanos nunca puede recibir como respuesta la violencia policial, y más cuando viene precedida y constatada por una manifestación pacífica y cívica. Los políticos asumen responsabilidades cuando toman medidas cuestionables jurídicamente, los ciudadanos solo fueron a votar.

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