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Con la elevación a definitivas de sus conclusiones, la fiscalía que acusa en el Supremo a los dirigentes del procés está completando un papel más que discutible que ha redondeado con la petición expresa de que se deniegue el tercer grado hasta que se haya cumplido la mitad de las condenas que solicita, que oscilan entre los 16 años para los exconsellers presos hasta los 25 para el exvicepresidente Junqueras. No se ha modificado un ápice su posición pese a que en el desarrollo del juicio no ha parecido que se probara la existencia de violencia por parte de los acusados, que justificaría la existencia del delito de rebelión por el que acusa, ni ha aportado pruebas documentales físicas y sólidas que justifiquen la malversación. Es más: ha dado la impresión de que algunos de los fiscales que acusaban no se habían preparado adecuadamente el juicio, con interrogatorios confusos y citaciones equivocadas, llegando en algún caso a hacer el ridículo, según expertos jurídicos, al no documentar adecuadamente los vídeos presentados como pruebas documentales e incluso confundirlas. En los casi cuatro meses de juicio, la fiscalía no ha cambiado su punto de vista más que para reclamar que no haya libertad provisional para los acusados y dan argumentos a quienes desde la orilla independentista dan por hecho que el guión ya está escrito y hasta que la sentencia está dictada. No seremos nosotros quienes demos pábulo a este punto de vista porque la actuación del juez Marchena sí ha sido respetuosa y competente, pero sí es criticable la actuación profesional de los fiscales desde un punto de vista jurídico, y también político, porque al margen de que se hayan podido cometer delitos, estamos ante un conflicto político. Llegados a este punto, es evidente que la sentencia no contentará a nadie aunque suponga una reducción de las peticiones de la fiscalía, pero esto ya se podía adivinar desde el inicio de las sesiones, cuando ya se daba por hecho que habría recursos al Tribunal de Estrasburgo. Y posiblemente tampoco entonces habrá consenso como se ha visto esta misma semana ante sendas resoluciones del tribunal europeo y de un grupo de trabajo de la ONU. El primero avaló la suspensión por el TC del pleno del Parlament que iba a proclamar la independencia unilateral y los segundos pedían la excarcelación de los políticos encarcelados. Y cada bando se ha quedado con la resolución que favorece a sus puntos de vista.

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