Atención a los temporeros

Las condiciones de vida de los temporeros que buscan trabajo en la campaña de la fruta ha sido tradicionalmente una de las cuestiones que más polémica generan cada verano y que este año ha venido acompañada por la habilitación primero del pabellón de l’Antorxa como albergue provisional, que después tuvo que ser trasladado al de Balàfia porque el inicialmente previsto se había quedado pequeño. De entrada, hay que destacar que la situación ha mejorado considerablemente en los últimos años en los que era habitual ver a temporeros durmiendo en plazas o jardines públicos o en que había denuncias por las condiciones precarias de los campamentos en que se instalaban y hasta conflictos y enfrentamientos como los tristemente famosos en Fraga o el Baix Segrià. No está solucionado el problema, pero se ha avanzado considerablemente y es de justicia reconocerlo porque, salvo casos concretos, se aplica el convenio del campo, aunque el lunes UGT anunciara cinco denuncias por incumplimiento, una cifra muy inferior a la de otras campañas, y se han estabilizado las cuadrillas contratadas para la recolección, bien por contratación en origen o bien porque se mantienen las de años anteriores o porque son parados los que han pedido trabajar en la fruta, 1.200 de Lleida según anunció la semana pasada el vicepresidente Aragonès.

Pero es evidente que aun así falta mano de obra para estos momentos puntuales de la recolección y también que hay un flujo de población flotante que se desplaza hasta Lleida buscando trabajo, aunque no todos dispongan de la documentación necesaria para ser contratados. Hay que garantizar un alojamiento digno a todos los que llegan a nuestras comarcas, y a los contratados tiene que proporcionárselo el contratante, pero el problema trasciende el ámbito municipal y deberían involucrarse en atenderlo los ayuntamientos afectados y también las administraciones central y autonómica, cuya colaboración no ha sido siempre fluida, porque estamos ante una cuestión que no solo afecta al sector de la fruta, sino que concierne a la atención y la dignidad de las personas. No debería convertirse en un argumento de enfrentamiento político, como también ha sucedido a veces, sino en una obligación que debe planificarse y dotarse del presupuesto necesario en todas las instancias.