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La Política Agraria Comunitaria nació con el objetivo de incrementar la productividad agraria y estabilizar los mercados con precios razonables y seguridad en los abastecimientos, pero también con la voluntad de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola y para eso se lleva una buena parte del presupuesto comunitario, en torno al 40 por ciento, que solo en España representan 4.881 millones de euros. Puede que se atiendan los objetivos económicos, pero hay más dudas en torno a este objetivo social que se recoge en el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. ¿Sirven estas cantidades para garantizar el nivel de vida del agricultor? Parece dudoso que así sea en España porque hay más beneficiarios de las ayudas de la PAC, 800.000 en el conjunto estatal, aunque agricultores solo hay censados 280.000, mientras que en Francia la situación es justamente la contraria: hay más agricultores censados, 427.000, que perceptores de ayudas comunitarias, que son 340.000. Por lo que respecta a Lleida, del cruce de datos de la Generalitat sobre quien recibe ayudas de la PAC con los de la Seguridad Social sobre cotizantes del régimen agrario, también nos sale que solo un tercio de los beneficiarios de ayudas de la PAC cotiza como agricultor, hay 41.086 perceptores frente a 14.619. Y por lo que respecta a las cantidades percibidas ya hemos explicado en otras ocasiones que la Casa de Alba, la familia Domecq, a través de diversas sociedades, o Mercadona figuran entre los mayores perceptores de ayudas de la PAC con cifras millonarias porque se paga por hectárea cultivada y no por producción, tergiversándose el objetivo inicial de mejorar la productividad, y porque además se establece que si una empresa dedica más del cinco por ciento de su objeto social a la agricultura ya puede recibir ayudas comunitarias. El resultado es que han proliferado los “cazaprimas” y los llamados “agricultores de sofá”, que se llevan las subvenciones sin ejercer de agricultor o ganadero o con una producción simbólica, sin que las modificaciones de la legislación hayan logrado erradicar esta figura que perjudica a quienes realmente intentan ganarse la vida con la agricultura y tienen que soportar precios de ruina y competencias desleales. Hay que exigir con la negociación de la PAC 2021-27 que el dinero de la PAC vaya realmente para mejorar la producción agraria, pero también el nivel de vida agrícola.

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