Recortes que están lejos de revertirse

Los datos macroeconómicos indican que la crisis acabó ya hace unos años. Sin embargo, un buen número de ciudadanos no se ha visto beneficiado por esta teórica mejora y, además, los recortes aplicados a partir de 2010 en los presupuestos de las administraciones públicas están lejos de haberse revertido, con los consiguientes efectos negativos en los servicios públicos. Un claro ejemplo de esta situación es el estado en que se encuentra la autovía A-2 a su paso por Lleida. Soporta el paso de nada menos que unos 30.000 vehículos al día, pero tal como dábamos cuenta en nuestra edición de ayer, el estado del firme en buena parte de los 85 kilómetros del tramo que discurre por la provincia es lamentable, con baches, hundimientos y grietas que son uno de los factores que explican el aumento de los accidentes de tráfico en esta vía, hasta el punto de que ya hay una media de más de uno al día. Por si fuera poco, esta infraestructura se ha quedado obsoleta en relación con el volumen de tráfico que soporta. Los arcenes son estrechos y esto provoca que los camiones averiados que deben parar en ellos ocupen parte de la calzada, con lo que se convierten en un grave riesgo para la seguridad del tráfico en una vía donde es habitual que en los dos carriles haya vehículos circulando. Ahora, Fomento ha sacado a concurso la reparación de la variante de Lleida, con un presupuesto de 9,3 millones de euros. Es mucho dinero, pero servirá principalmente para parchear diversos tramos, porque solo 3,5 kilómetros serán sometidos a una rehabilitación estructural. Ni tan siquiera se plantea la posibilidad de ampliar arcenes, cuando el proyecto de construcción de esta variante preveía que sería factible habilitar tres carriles por sentido en caso de que fuera necesario. Insistimos, es solo un ejemplo del deterioro que han provocado en infraestructuras y servicios públicos los ajustes presupuestarios, que se repiten en otros ámbitos como el de la sanidad, con largas listas de espera y hospitales con equipamientos cada vez más anticuados; en educación, con la perpetuación de los barracones; y, en general, con la menguante inversión en infraestructuras básicas. Son cuestiones esenciales para los ciudadanos que parecen secundarias para nuestros políticos, porque la Generalitat de Catalunya lleva dos años sin nuevo presupuesto y el Gobierno central sigue en funciones tras fracasar la investidura y también tiene prorrogadas sus cuentas.