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Como sucede cada verano, o coincidiendo con puentes festivos, el inicio de vacaciones de muchos ciudadanos se ve complicado por las huelgas convocadas en servicios básicos como el transporte: así este fin de semana han sido los trabajadores de tierra de Iberia los que han hecho dos días de huelga, provocando numerosas cancelaciones de vuelos; para mañana se anuncia otra huelga en Renfe, que también tiene que suspender numerosos trenes de larga distancia y aún está prevista otra en el mes de agosto del personal de seguridad del aeropuerto de Barcelona. Evidentemente, los trabajadores tienen derecho a convocar huelgas para defender sus reivindicaciones y buscan conseguir la máxima repercusión posible para que la empresa acabe cediendo, pero también convendría que se preguntaran a quién perjudican realmente con estas huelgas convocadas estratégicamente al inicio y al final de las vacaciones. No parece que sean estas grandes empresas, Renfe o Iberia, o sus directivos los que sufran las consecuencias de los paros, las suspensiones y las cancelaciones, ni tampoco los grandes ejecutivos, que pueden aplazar sus reuniones o celebrarlas por videoconferencia, y en cambio sí se han visto imágenes de que son familias las que ven frustradas sus vacaciones o sus reencuentros familiares, o gente que ha ahorrado durante todo el año para poder viajar unos días y sufrirá un quebranto económico por la huelga. Desde los sindicatos se argumenta que la responsabilidad hay que achacarla a las empresas, Iberia o Renfe, que no atienden sus reivindicaciones laborales, que se repiten año tras año sin ser oídas, pero habría que recordarles que otros paros convocados también en fechas estratégicas por colectivos tan privilegiados como los controladores aéreos eran considerados como una forma de chantaje y de convertir a los usuarios de un servicio público en rehenes de la negociación. Salvando las distancias, se acusa a los convocantes de estas huelgas de convertir a los viajeros también en rehenes y harían bien los primeros en reflexionar sobre la cuestión, pero mientras no cambien las mentalidades, convendría que algún gobierno se decidiera a afrontar la cuestión. Y no se trata de restringir el derecho a la huelga, que es una conquista irrenunciable de los trabajadores, sino de garantizar unos servicios mínimos al conjunto de la sociedad en fechas que para todos son especialmente estratégicas.

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