La deuda de Gardeny

La reclamación por parte del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de seis millones de euros al Parc Científic i Tecnològic de Gardeny, correspondientes a créditos concedidos en su día por el ministerio de Industria, ha vuelto a poner sobre el tapete la precaria situación económica del parque, que fue abordada ayer por el consejo de administración de la entidad en el que participan la Universitat de Lleida y la Paeria. Las dificultades eran conocidas porque afectan a la mayoría de parques tecnológicos, que se impulsaron en España en la época de bonanza económica y vienen derivadas del modelo de financiación que impulsaron en su momento Rajoy y su ministra Anna Birulés con créditos por parte de la administración a quince años con tres de moratoria y sin interés, en lugar de aportar directamente el capital necesario. El problema llegó cuando tenían que empezar a devolver los créditos y con la crisis financiera se hizo imposible conseguirlo por lo que se pactó a nivel estatal una moratoria en la devolución de los créditos, al tiempo que se reducían drásticamente las ayudas directas a los parques, que en 2009 fueron de 249 millones de euros y en 2014 se quedaron en solo 40 para todo el Estado. Se alcanzó un compromiso político para diferir la deuda y no ahogar financieramente a los parques, en el que también participó la Generalitat, que en 2005 también animaba a pedir créditos para crear o ampliar los parques, y que posteriormente se comprometió a asumir parte de la devolución de los créditos sin llegar a destinar en ningún momento las partidas presupuestarias correspondientes. La deuda de los parques por estos créditos no devueltos se estima en unos seiscientos millones, de los que la mitad corresponden a parques catalanes y unos 40 al Parc de Gardeny, y hay consenso en considerar que son impagables por lo que hace tiempo que se está buscando una solución política que subsane los errores de planteamiento y proporcione seguridad a un proyecto que ha dado buenos resultados. La moratoria puede ser un parche para evitar un problema puntual, pero hay que plantearse soluciones a medio y largo plazo, que pasen por la reestructuración de la deuda de forma que una parte sirva para recapitalizar las sociedades y reclamar ayudas a las administraciones catalana y española, porque es una buena iniciativa que funciona como prueban las 120 empresas y las 1.500 personas que trabajan en Gardeny.