El debate del pago en autovías

El ministerio de Fomento plantea hacer pagar a los conductores por circular por autovías ahora gratuitas de toda España, como la A-2, la A-22 y la A-14 en Lleida. El ministro en funciones, José Luis Ábalos, apunta así la posibilidad de establecer un pago que calificó como“simbólico”, no superior al diez por ciento de las actuales tarifas de peajes en autopistas. De este modo, el Gobierno español espera obtener ingresos adicionales para sufragar parte de los 1.100 millones que suponen el mantenimiento de estas infraestructuras; y para reducir los peajes todavía vigentes en autopistas, a la espera de liberarlas al expirar las concesiones. En Lleida, la de la AP-2 lo hará en 2021. Se trate de un globo sonda o de una intención real, abre a todo el Estado un debate hasta ahora centrado en Catalunya, ya que desde el gobierno de la Generalitat se ha planteado muchas veces implantar tasas, que con un pago anual permitirían circular por todas las vías de alta capacidad y la recaudación se destinaría a su mantenimiento, algunas como la A-2 muy deterioradas como han denunciado en diversas ocasiones alcaldes y consells. Está claro que la propuesta de Ábalos conseguiría hacer más homogéneo un sistema desequilibrado ya que Catalunya, con más de 630 kilómetros de autopistas de peaje, acumula el 20 por ciento de todas las vías de pago de España, mientras que solo dispone de un 5% de los más de 13.000 kilómetros de autovías gratuitas, pero el dinero que han obtenido durante años las concesionarias no puede ahora imputarse al cien por cien al usuario. Primero, por el agravio territorial que hasta ahora ha existido en la construcción de infraestructuras, Lleida todavía espera el desdoblamiento de la N-240 desde la capital del Segrià hasta Valls y de la N-230 hasta Sopeira; la A-2 sumó años y decenas de muertos hasta conseguir este enlace vital entre Madrid y Barcelona, que actualmente tiene muchos tramos en estado lamentable y, en segundo lugar, porque transportistas y usuarios ya soportan una grado muy elevado de impuestos que debería revisarse de una forma global antes de aplicar un nuevo gravamen. Es coherente defender el principio de pago por uso de infraestructuras, pero no puede ser que los cambios afecten siempre a los consumidores con menos recursos o que ya llevan años sufragando vías de pago sin alternativa decente.