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El deterioro de la vida política española y catalana vivió ayer un nuevo episodio con motivo de la conmemoración del segundo aniversario del atentado yihadista en las Rambles de Barcelona y en Cambrils. El acto institucional celebrado en la ciudad condal, en el que participaron representantes del ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central, no contó con el respaldo de PP, Cs y Vox, que optaron por asistir al paralelo organizado una hora y media después por l’Associació Catalana de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT). Hay que partir de la base que es legítimo que los distintos partidos puedan tener posiciones diferentes en relación a la investigación sobre el atentado y las medidas que hay que aplicar a todos los niveles para intentar en la medida de lo posible que una atrocidad de este tipo no vuelva a repetirse, pero trasladar este debate a un acto simbólico en el que los únicos protagonistas deben ser las víctimas es simplemente una mala forma de hacer política. Todos los dirigentes políticos, tanto si están en el gobierno como en la oposición, deberían tener claro que hay consensos que son fundamentales en un estado democrático, uno de los cuales es el rechazo de cualquier acto terrorista. Por eso, si antepusieran los intereses generales a los partidistas, todos habrían tenido que poner de su parte para que el de ayer fuera un acto unitario, en el que las discrepancias políticas y las existentes entre las propias víctimas quedaran en un segundo plano durante el corto periodo de tiempo que duró la conmemoración, pero ha sucedido todo lo contrario.

En suma, una división lamentable que ilustra la pésima coyuntura política actual. A nivel de España, a nadie, ni siquiera al propio presidente, parece preocuparle que el Gobierno esté en funciones desde hace medio año y que solo quede un mes de plazo para pactar una investidura que evite unas nuevas elecciones, que serían las cuartas en 4 años. Y en Catalunya, la Generalitat lleva ya dos años con los presupuestos prorrogados, lo que ilustra la incapacidad del Govern para poder ejercer con eficacia su labor, y todo apunta a que habrá nuevas elecciones una vez se haga pública la sentencia a los dirigentes del procés. En este contexto, esperar que los partidos sean capaces de buscar una salida al actual conflicto parece una quimera.

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