Mala gestión de la listeriosis

La Junta de Andalucía confirmó ayer que habían abortado dos embarazadas, que permanecían ingresadas en los hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla, y una tercera mujer lo hizo en la Comunidad de Madrid. Las tres habían consumido la carne mechada contaminada por listeriosis, con lo que ya son cinco las mujeres que han perdido a sus futuros bebés. Además hay tres muertes confirmadas y otros casos en estudio. En Catalunya también han aumentado en los últimos días las personas ingresadas por presunta ingestión en Andalucía de esta carne contaminada y el total de afectados se suma por centenares. Con la prudencia que siempre estos casos requieren y ante la falta de transparencia informativa que se ha dado desde el primer momento a la infección, lo que está claro es que la Junta de Andalucía ha errado en los protocolos a seguir y ha mantenido un mutismo entorno a los puntos de distribución y venta de esta carne, que es evidente que ha perjudicado a los consumidores. Ante un brote como este lo que procede es información clara y contundente de toda la trazabilidad y comercio de esta carne desde el primer momento, sin alarmismos pero sin dilación. La hora de la concreciónPor fin la consellera de Agricultura, Teresa Jordà, volvió ayer a Flix para hablar con los afectados por los incendios de la Ribera d’Ebre, que arrasaron mil hectáreas de cultivo. La titular del departamento les prometió inversiones por casi 12 millones de euros en limpieza y regeneración de lo quemado, prevención como solución de futuro y créditos a interés cero. Sigue negando las ayudas directas que reclaman alcaldes y payeses de Bovera y municipios de Les Garrigues y el Segrià pero ha anunciado la creación de una mesa de trabajo en la que en los próximos 15 días todas las partes podrán exponer la mejor manera de salvaguardar sus propiedades. De momento, las movilizaciones se han suspendido y llega la hora de la concreción. La agricultura, la ganadería y los bosques son puntales de nuestra economía y sostenibilidad y la Generalitat, que lo sabe, debe actuar en consecuencia.