Evolución alarmante

La presentación de la memoria de la Fiscalía en la apertura del año judicial ha puesto de manifiesto la preocupante evolución de los delitos contra la libertad sexual, que en el último año se han incrementado un 23 por ciento con especial incidencia de los casos en que se ven afectados menores, con un 9 por ciento más en el último año y un 32 por ciento desde 2016, con el agravante de que los abusos o las agresiones tienen como autores a personas cercanas a la víctima. La fiscal general del Estado no ha dudado en calificar la situación como alarmante reclamando medidas urgentes porque además los delitos sexuales figuran también entre los que más preocupan a la sociedad junto con los delitos contra la vida y pide una reflexión sobre el uso de las redes sociales, “en las que se percibe una notable falta de empatía”, la proliferación de la pornografía que tiende a la cosificación de la mujer y sobre todo la reproducción de modelos machistas. También reconoce que de las 49 mujeres asesinadas, 16 habían denunciado a su agresor solicitando medidas de protección que no han funcionado y obliga a preguntarse si se ofrece a las víctimas la confianza y la protección que necesitaban y para desmentir las campañas de la extrema derecha concreta que de las 166.961 denuncias presentadas el año pasado por violencia de género solo se han abierto 14 causas por denuncia falsa. Una proporción ínfima que debería servir para zanjar esta campaña que pretende criminalizar a las víctimas y minimizar la trascendencia de esta alarmante evolución que ya puede ser considerada como un fenómeno preocupante. No hay solución fácil para este incremento de delitos sexuales y harán falta esfuerzos coordinados desde el ámbito educativo a la unificación de criterios judiciales, pasando por la diligencia policial, la mayor atención de los padres en el caso de los menores, la vigilancia de entornos proclives a este tipo de agresiones, el celo del personal sanitario para detectar posibles abusos y también la reflexión de los medios de comunicación para evitar convertirse en caja de resonancia de actuaciones delictivas. Estamos ante un problema global que exige aunar esfuerzos para desterrar comportamientos machistas, transmitir unos valores de igualdad, respeto y no discriminación y sobre todo garantizar a las posibles víctimas atención, confianza y también seguridad frente a sus agresores.