EDITORIAL
Dos años de los tristes hechos del 1-O
Hoy se cumple el segundo aniversario del referéndum de autodeterminación del 1-O, declarado ilegal por el Estado. Al contrario de lo que ocurrió en la consulta popular del 9-N de 2014, efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional cargaron en 2017 contra los miles de personas que protegían los colegios electorales para poder votar y solo en las comarcas de Lleida el departamento de Salud contabilizó 123 heridos. Hubo 11 cargas, cinco, en Lleida (La Caparrella, Benestar Social, la Escola Oficial d’Idiomes, el CAP de Cappont y La Mariola); y seis en las poblaciones de Alcarràs, Soses, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Menàrguens y Ponts. Pero a pesar de intervenirse urnas, el censo universal permitió que se emitieran 155.218 votos en la demarcación. Dos años después de esta atípica jornada electoral, el 1-O está, literalmente, visto para sentencia. La sala del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, ha juzgado a doce dirigentes independentistas, nueve de los cuales llevan casi dos años en prisión preventiva, entre ellos los líderes de la ANC y Òmnium en 2017, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, detenidos quince días después del referéndum; la entonces presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el vicepresidente Oriol Junqueras, y los consellers Raül Romeva, Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa. Otros siete procesados, entre ellos el president Carles Puigdemont, optaron por abandonar el Estado español y viven libres en Europa, ya que han sido rechazadas las euroórdenes de detención emitidas por España tanto en Escocia como en Bélgica y Alemania. El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigía ayer a los independentistas que no cometan los errores del pasado y que vuelvan a la senda de la ley y condenen la violencia, obviando que aún no ha habido ninguna sentencia que dicte que se cometió delito alguno aquellos meses de septiembre y octubre de hace dos años y que en los ya casi 10 años de reivindicaciones soberanistas nadie ha roto ni una papelera. Es evidente que los independentistas han cometido errores, pero igual de meridiano es que desde el Gobierno español, de momento, no se ha puesto sobre la mesa ninguna oferta de diálogo sobre la que iniciar una negociación que ponga fin a esta incertidumbre que perjudica a todos los ciudadanos de Catalunya, independentistas o no.