Regreso al punto de partida

Aún no se habían reunido los siete magistrados del Tribunal Supremo que, previsiblemente hoy, rubricarán la sentencia del juicio por el 1-O y ya se convocaron las primeras manifestaciones espontáneamente a través de las redes sociales. A nadie se le escapa que el largo y tortuoso camino judicial no resolverá un conflicto político que se inició, precisamente, cuando el PP llevó el Estatut liderado por el PSC de Pasqual Maragall al Tribunal Constitucional pese a haber sido aprobado por el Parlament y votado en referéndum. Mucho ha llovido desde el recorte que sacó a la calle a un millón de personas el 10 de julio de 2010. Desde entonces, la política se ha trasladado a los juzgados con la consecuente polarización de una sociedad cada vez más movilizada. Lo que se inició en el Constitucional no se resolverá en el Supremo. El diálogo se impone como medida más sensata, pero en la eterna precampaña en la que se ha instalado el Gobierno central, con cuatro elecciones generales en cuatro años, Catalunya está en el punto de mira. Independientemente de la ideología que profesen, los políticos deben anteponer el bien común a sus propios intereses electorales. La sentencia no será, en modo alguno, el último capítulo del procés. Es un problema no resuelto que no hace más que agravarse a cada nuevo proceso judicial, lo que nos vuelve a situar en el punto de partida: la política. Habrá que gestionar la respuesta al previsible fallo condenatorio. Los líderes independentistas tienen el deber de hacer llamadas a la no violencia, pero los cuerpos de seguridad han de garantizar el derecho a la protesta y no cargar contra ciudadanos como se hizo el 1 de octubre de 2017. Con otros juicios a la vuelta de la esquina, como el que afrontarán la aranesa Mireia Boya y las leridanas Anna Simó y Ramona Barrufet por supuesta desobediencia, o el del president Torra por el mismo delito, cada vez resulta más clamoroso que la solución no pasa por la vía judicial. Si una cosa parece clara es que condenar a una década de cárcel, en el supuesto de que se confirme que esta sea la decisión del Supremo, tal como han avanzado diversas filtraciones, no va a resolver el conflicto de la relación de Catalunya con el resto del Estado español. Se le puede dar todas las vueltas que se quiera, pero cualquier salida estará equivocada si no contempla el respeto a la voluntad de todos los catalanes.