EDITORIAL
Diálogo de sordos
Como colofón a una semana vertiginosa, que dio inicio el lunes al hacerse pública la sentencia que condenaba a penas durísimas a los líderes independentistas, y que siguió con unas movilizaciones prácticamente sin precedentes que desembocaron en las multitudinarias manifestaciones del viernes, tanto en Lleida como en Barcelona, parecía que ayer era el día de hablar y más tras las actuaciones vandálicas de grupos violentos de las últimas noches. Debía ser el día de hablar para aquellos que tienen que hacerlo en esta controvertida etapa que estamos viviendo, es decir los políticos, a quienes quizá se les está olvidando que les votamos para que solucionen problemas a la ciudadanía, y no para crearlos o agudizarlos. Pero no fue así. El president Torra anunció que había llamado en dos ocasiones a Moncloa para establecer un diálogo “sin condiciones” con el presidente en funciones, pero su requerimiento no fue atendido si antes no condenaba “rotundamente” la violencia que, por desgracia, se repite noche tras noche, y reconocía los esfuerzos de estos días tanto de Policía Nacional como de Mossos para intentar atajar el vandalismo de incontrolados. Seguramente ambos tienen sus razones para actuar como actúan, como quizá también las tiene Ada Colau para plantar la reunión de ayer del president con el resto de alcaldes de las capitales catalanas. Pero ya sería hora de que todos, incluidos los socios de Gobierno de la Generalitat y los partidos de la oposición, aparquen sus intereses partidistas, que a las puertas del 10-N se antojan electorales, y se pongan a dialogar y a trabajar para buscar soluciones a una crisis política como nunca se había vivido en Catalunya y que tiene visos de agravarse día a día si no se pone remedio.
Y, sin querer ser corporativistas, queremos aprovechar este espacio para denunciar rotundamente las agresiones que estos días convulsos han sufrido decenas de periodistas, buena parte de ellas a causa de un exceso de celo en las actuaciones de las fuerzas de seguridad, que ponen en peligro el derecho a la información que tiene la sociedad, a la vez que amenazan la integridad física de los profesionales. Y es igualmente condenable la detención de un fotógrafo en Barcelona por parte de agentes de la Policía Nacional cuando estaba haciendo su trabajo.