Alquileres sociales y okupas

La vorágine política en torno al procés y las negociaciones de cara a la investidura de un nuevo presidente del Gobierno han hecho que haya pasado un tanto desapercibido el decreto aprobado por el Govern de la Generalitat como plan de choque contra los desahucios. Obliga a los grandes tenedores de viviendas –titulares de un mínimo de 15– a ofrecer un alquiler social de hasta 7 años a todas las familias en situación de vulnerabilidad a las que se les acabe el contrato de alquiler que tengan vigente, se encuentren inmersas en un proceso de desahucio o hayan ocupado un piso y lleven al menos seis meses en él cuando entre en vigor el decreto, que debe ser ratificado por el Parlament. Disponer de vivienda es un derecho básico incluido en la Constitución que tanto esgrimen algunos partidos a la hora de abordar el conflicto en Catalunya y de la que tan poco se acuerdan en aspectos como este. Por ello, es positivo que la administración obligue a los grandes propietarios a cooperar para evitar que familias sin recursos se queden en la calle. Sin embargo, la inclusión de okupas entre los beneficiarios plantea algunas dudas. La primera es que al igual que el derecho a la vivienda es básico, el de la propiedad también lo es, lo que resulta contradictorio con dar cobertura legal a las okupaciones, aunque sea parcialmente. Tampoco está de más recordar que aunque por desgracia hay familias o personas que se ven abocadas a esta práctica para tener un techo, hay otras que lo han convertido en un modus vivendi e incluso han surgido mafias que entran en una vivienda y luego cobran una cantidad a personas con pocos recursos que necesitan una de forma perentoria. Y por último, hay que precisar que no todos los pisos vacíos son de grandes propietarios, sino que hay muchos que son de particulares que los han heredado o que han destinado sus ahorros para adquirir uno, ya sea como segunda residencia, pensando en sus hijos o en la jubilación. Un ejemplo es que en Lleida ciudad hay unos 7.000 viviendas desocupadas, de las que la Paeria estima que unas 1.800 son de bancos. En la hipótesis de que fondos e inmobiliarias tengan otras tantas, la mitad serían de particulares. Por eso hay que tener cuidado en justificar las okupaciones, porque salvo casos aislados como alguno protagonizado por la PAH, sus autores no comprueban antes si el propietario del piso es una entidad bancaria o una familia que no especula con él.