¿Regreso a la política?

La intensísima jornada política de ayer dejó lugar para un moderado optimismo. Por fin, después de años de dolorosa tensión en Catalunya a causa de una judicialización de la política que nunca debió llegar, parece que vuelve la política, la racionalidad, el diálogo. Esa es la música que sonó ayer tanto en el Congreso como en el Parlament. Pedro Sánchez y Miquel Iceta se han desmarcado por primera vez del bloque del 155 desde octubre de 2017. No lo van a tener fácil: el gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos nacerá el martes con una oposición feroz que parece dispuesta a utilizar todos los medios, con especial incidencia en los judiciales, para complicarle la vida al primer ejecutivo de coalición desde los tiempos de la República. Las insólitas decisiones del viernes de la Junta Electoral Central constituyen, en ese sentido, un inquietante aviso para navegantes. La decisión sobre Junqueras resulta desconcertante. Un órgano administrativo español se permite corregir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las condiciones de los europarlamentarios y el alcance de su inmunidad. La decisión de inhabilitar a Torra fue contestada ayer con contundencia en el Parlament. La oposición a la resolución de la JEC volvió a dibujar en la cámara catalana la imagen del 80 por ciento. Iceta defendió que la inhabilitación del president de la Generalitat está perfectamente establecida en el Estatut, la ley de Presidencia y el reglamento del Parlament, y en esas tres normativas queda claro que solo se puede hacer mediante sentencia firme, y la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya no lo es ya que está recurrida al Supremo. Los comunes defendieron una posición parecida, añadiendo que las inesperadas decisiones de la JEC y la rapidez con la que se han producido han parecido un intento de obstaculizar el gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos. Ese gobierno llegará, y lo hará con la creación de una mesa de diálogo entre los ejecutivos español y catalán, lo que conlleva, para empezar, un reconocimiento mutuo. Sánchez habló ayer explícitamente de desjudicializar el conflicto catalán. Un escándalo para la derecha y la ultraderecha y un alivio para una amplia mayoría de catalanes. Probablemente, un ochenta por ciento, el porcentaje que apoyó el Estatut de 2005. El último que votaron los catalanes (y no es el vigente).