Censura educativa intolerable

El Gobierno español ha remitido a la Consejería de Educación de la Región de Murcia un requerimiento para retirar las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso sobre el uso del pin parental. La predisposición de este gobierno autonómico, en manos de PP y Ciudadanos, para implantarlo era una condición de Vox para apoyar los presupuestos y ha generado una gran controversia y malestar, sobre todo entre el colectivo LGTBI. La formación de extrema derecha de Santiago Abascal también se plantea condicionar los presupuestos madrileños a la implantación de esta medida, a todas luces contraria al más elemental derecho de los niños a ser educados en la libertad y la pluralidad social y emocional que en una sociedad avanzada se presupone. Abrir con esta medida del pin parental la posibilidad de que en algunas comunidades o poblaciones los padres puedan vetar la adquisición de algunos conocimientos, avalados por la comunidad educativa, es una barbaridad de una magnitud que les acerca más a la quema de libros de las dictaduras que a las democracias consolidadas del siglo XXI. Confundir los derechos de los padres para elegir la educación de sus hijos con la censura ideológica no hace más que confirmar las peligrosas formas de entender la política, la democracia y la libertad de algunos partidos como Vox.

Corresponde una explicación Que el ayuntamiento de Sort sea el propietario de dos piscinas desde el año 1992 y 2000, respectivamente, sin que ninguno de sus vecinos se haya podido bañar en estas instalaciones, es una decisión política que alguien del consistorio de aquellos años debería explicar. No es de recibo que una población que no dispuso de piscinas públicas hasta el 2017 hubiera renunciado a la utilización de estas dependencias y devolviera su uso y gestión a los promotores de unos bloques de pisos que las habían entregado al consistorio al amparo de la normativa que obliga a ceder suelo para equipamientos municipales en este tipo de urbanizaciones. La transparencia y el bien común deben ser sagrado para los ayuntamientos.