Juicio a los Mossos

Empezó ayer en la Audiencia Nacional el juicio en el que se sientan en el banquillo el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, el exdirector de los Mossos Pere Soler, el exsecretario general de Interior Cèsar Puig y la intendente del cuerpo Teresa Laplana con peticiones fiscales de 11 años para los tres primeros por rebelión y de 4 años por sedición para la cuarta, pero con la cuestión de fondo del examen judicial al papel de la policía autonómica en el procés. A diferencia del juicio en el Supremo a los dirigentes políticos, en esta ocasión los acusados han buscado un perfil más discreto sin movilizaciones, ni presencia de políticos, ni más muestras de solidaridad que las recibidas por los compañeros de cúpula de Trapero, y tampoco están personados en la causa la abogacía del Estado o Vox como sí sucedió en el Supremo. La primera jornada estuvo marcada por la declaración de Trapero, que mantuvo el tono firme que ya mostró en el Supremo, y marcó diferencias claras tanto con los dirigentes políticos del procés como con las tesis del fiscal, defendiendo en todo momento la profesionalidad de la policía catalana. Aseguró que no tenía relación con Puigdemont, explicó que había discutido con el presidente de la ANC Jordi Sànchez y no tuvo inconveniente en calificar de barbaridad la vía unilateral y algunas de las decisiones del Parlament, pero también le aclaró al fiscal que no hubo seguimientos de otros cuerpos policiales por parte de los Mossos, que los policías catalanes no facilitaron el voto el 1-O e incluso se abrió expediente a algunos agentes por su actitud, que el fiscal calificó de “complaciente y de sorna”, e insistió en que la voluntad de los Mossos siempre fue colaborar, aunque admitió que se hubieran podido producir errores admitiendo diferencias con el coordinador designado por el gobierno central. Una declaración, que continuará hoy, marcada por el rigor que ha caracterizado siempre al mayor Trapero, que reafirma la profesionalidad en la actuación de la policía catalana y que hará difícil mantener la petición de rebelión que inicialmente han hecho los fiscales porque no hay ningún indicio que permita sostener que hubiera violencia o incitación a la violencia en la actuación de la cúpula de los Mossos. Que hubiera errores de coordinación o incluso falta de medios como se quejó Trapero no puede traducirse en una condena, ni en el cuestionamiento de la actuación de la policía catalana.