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Los agricultores de Lleida llevan muchos meses, años, denunciando una crisis de precios que ya ha diezmado notablemente las pequeñas y medianas explotaciones del campo de Ponent, en las que se había asentado el crecimiento económico de las comarcas del llano en las últimas décadas. Las organizaciones agrarias reclaman medidas de apoyo que vengan a paliar los graves perjuicios que están sufriendo y los grandes desequilibrios que persisten entre los distintos eslabones de la cadena que conforman los precios y que se traducen en falta de rentabilidad. Ahora, este grito de auxilio de los payeses leridanos ha crecido exponencialmente con una rebelión agraria que alcanza a media España y que pone en jaque a las diferentes administraciones del Estado. Unió de Pagesos renovó ayer sus cargos y anunció un calendario de movilizaciones, tanto para exigir medidas por los bajos precios de la fruticultura y de la agricultura en general, como para reclamar que se paguen ya las ayudas prometidas por todas las administraciones tras el temporal de gota fría de octubre. Sin duda acierta el refranero cuando resume que el mal de muchos solo es consuelo de tontos, pero en esta ocasión la marea agroganadera que en todo el Estado ha dicho basta a la ruina de los productores puede servir para que, de una vez por todas, las administraciones tomen cartas en el asunto y dediquen al sector primario el respeto que merece. Los avances tecnológicos, la industria, la innovación y por supuesto la sanidad, la educación y la cultura marcan el nivel de bienestar de cualquier sociedad, pero los agricultores y los ganaderos son imprescindibles para garantizar todo lo demás y para el equilibrio de una dieta sana en las tres comidas que los ciudadanos requerimos cada día para vivir.

Eutanasia La ley de la eutanasia llegará por fin este martes al Congreso de los Diputados, en la que será la tercera ocasión en que el texto será tomado en consideración y esta vez, sin elecciones a la vista y con una amplio apoyo en la Cámara Baja, es más que probable que se apruebe el derecho de los ciudadanos a una muerte digna.

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