Investigación obligada

En medio de la crisis del coronavirus, y no debe de ser casualidad, ha estallado el escándalo de las finanzas del rey emérito Juan Carlos de Borbón sobre el que se llevaba años especulando y del que llevaba semanas dando cuenta la prensa internacional con investigaciones incluidas de la fiscalía suiza. La espoleta del escándalo ha sido la publicación en The Telegraph este fin de semana que el actual rey Felipe VI era el segundo beneficiario de una fundación radicada en Panamá y vinculada a un banco suizo que habría recibido 65 millones de euros supuestamente del rey de Arabia Saudí. La reacción de la Zarzuela fue instantánea y el mismo domingo Felipe VI renunciaba a “la herencia económica” que pudiera corresponderle y al mismo tiempo le retiraba la asignación que tiene fijada Juan Carlos de 194.232 euros al año. La insólita decisión iba acompañada de un comunicado en el que Felipe VI asegura desconocer su supuesta designación como beneficiario de las dos fundaciones y dice que la Corona debe “preservar su prestigio y una conducta íntegra, honesta y transparente de la corona”, con lo que viene a insinuar que quien no ha preservado el prestigio, ni mantenido una conducta adecuada, es su propio padre, con el que marca un distanciamiento frontal hasta el punto de retirarle la asignación económica, convirtiéndole en un cortafuegos para salvar la institución. Ya es el propio hijo quien cuestiona la figura de su padre, admitiendo la existencia de estas fundaciones opacas, de procedencia dudosa y que, evidentemente, no tributaban en España, y este comunicado de ruptura no es suficiente para que no se vea salpicado el actual rey, porque parece evidente que el emérito aprovechó su inviolabilidad para tejer una fortuna con fondos opacos, de forma que el artífice de la transición y el supuesto salvador del 23-F pasa a convertirse en un sospechoso de fraude fiscal y otros posibles delitos que investiga la fiscalía suiza y que evidentemente también deben investigarse en España. Y, en este sentido, es lamentable la postura del PSOE de negarse a investigar la fortuna de Juan Carlos porque hay serios indicios de que ha defraudado al fisco y también a la confianza de los españoles. Y también hay que aclarar si Felipe VI conocía desde hace un año que era beneficiario de estos fondos y por qué no actuó en consecuencia de inmediato. Los ciudadanos tenemos derecho a saberlo y hay que investigarlo.