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En toda crisis son los más débiles los que más padecen y también los más indefensos tanto frente a los riesgos sanitarios como a las consecuencias económicas y parece razonable que el Gobierno haya aprobado un paquete de medidas para proteger a los sectores más vulnerables con prohibiciones de cortar suministros básicos, ayudas a parados sin derecho a prestación, prórroga de alquileres con posibles quitas del 50 por ciento y micropréstamos sin intereses, entre las más destacadas que se irán desarrollando. El problema será, en primer lugar, este desarrollo y delimitar claramente cuáles son los criterios para definir la vulnerabilidad familiar, concepto en que el Gobierno agrupa a unas 500.000 familias, y en segundo, asumir que esta vulnerabilidad, como ha sucedido con la pandemia y también con los expedientes de empleo, puede extenderse por toda la sociedad. Es lo que puede suceder con muchos autónomos y las pequeñas y medianas empresas que han tenido que cesar su actividad y que han recibido muchas promesas pero pocas concreciones, con anomalías como la que denuncia el sector, que ayer mismo tuvo que pagar las cuotas mensuales de la Seguridad Social pese a no haber podido facturar nada en las dos últimas semanas. Parece lógico que si no hay actividad por una alarma no se tribute, pero aquí las diferentes administraciones, tanto estatales como locales, prefieren facilitar moratorias o aplazamientos de pago antes que renunciar al cobro, sin pensar que estas dilaciones en los tributos solo sirven a los autónomos y las pequeñas empresas para diferir el problema sin afrontarlo de raíz. En otros países como Dinamarca, el Gobierno se ha comprometido a pagar una parte del salario de los trabajadores mientras la empresa aporta lo restante a cambio de que no haya despidos, mientras aquí a lo máximo que se llega es a ofrecer moratorias en las cuotas de la Seguridad Social o del resto de impuestos, olvidando que la gran mayoría de empresas y contribuyentes han disminuido sus ingresos. La respuesta de los gobernantes es que la deuda acumulada impide renunciar a cualquier posible ingreso tributario y que se necesita dinero para abordar el frente sanitario, algo que nadie cuestiona, y aún reconociendo que no es fácil gestionar la situación, sí hay que pedir a nuestros gobernantes que busquen consensos, ayuden a los más necesitados, pero que no amplíen el colectivo de los vulnerables.

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