Crisis económica y recentralización

El sector turístico de Lleida es de los primeros que le han puesto cifra a las pérdidas económicas por el coronavirus, que desde hace un mes tiene a todo el sector hostelero cerrado, al igual que las instalaciones de ocio o deportivas. Treinta y seis millones de euros es la cantidad que han dejado de ingresar complejos de invierno, rafting, campings, deportes de aventura, casas rurales, hoteles y restaurantes. Mucho dinero para unas comarcas de montaña que basan su sostenibilidad económica precisamente en este sector. Otro pilar de la economía leridana, el primario, comienza a notar los efectos de la crisis, tanto el cárnico en ventas, por la nula demanda de restauración y colegios, como el de la fruta, que pese a sacar los estocs del pasado año a ritmo más alto que nunca, ve peligrar la campaña de recogida por falta de mano de obra, es decir de temporeros. La solución o medidas aprobadas por el ministerio de Agricultura, dejar contratar a parados de proximidad e inmigrantes con un permiso temporal, es la demostración más palpable que la recentralización que ha dictado el gobierno central no es la mejor manera de afrontar esta crisis sanitaria y económica. Ni con todos los parados de la provincia de Lleida, que apenas superan los 21.800, ni con todos los habitantes del Baix Segre, tendrían los productores suficiente mano de obra para acometer con éxito la campaña. La distancia y el desconocimiento de la realidad agroalimentaria leridana son la clave de este plan que es del todo insuficiente para las al menos 35.000 personas necesarias para la recogida. Es solo un ejemplo de que es evidente que la pandemia no entiende de territorios, pero cada comunidad, estado o nación tiene unas peculiaridades e idiosincrasias que permiten un mejor cordón de control de cualquier crisis. Nadie duda de la buena voluntad del gobierno central para buscar una unidad de acción que mitiguelos daños personales y permita afrontar la postpandemia con garantías de superar el crac económico que arrastrará, pero lo que es evidente es que esta recentralización del Estado en compras sanitarias y tempos o decretos laborales no es solución, ni para Catalunya ni para otras comunidades que tienen, garantizadas por la Constitución, sus competencias traspasadas para poder servir mejor y desde más cerca a sus conciudadanos.