Temporeros, transporte y salud pública

El Gobierno central aclaró el viernes que temporeros de otras zonas del Estado y de otros países, como Rumanía y Bulgaria, que son los que cada año suministran más mano de obra, podrán trasladarse a Lleida para trabajar en la fruta. De hecho, la campaña ya ha comenzado de facto con las labores de aclareo de frutales. Este anuncio ha servido para tranquilizar a las organizaciones agrarias, que desde el inicio de la crisis por el coronavirus han insistido en la necesidad de articular medidas que permitan contar con la mano de obra necesaria en este sector, alrededor de unos 30.000 trabajadores en cada temporada. Pero este es solo un primer paso, porque hay varios escollos más a superar. Uno es el del transporte. Las medidas para contener los contagios de la Covid dificultan la llegada del personal rumano y búlgaro, que ahora se encuentra mayoritariamente en sus países de origen. La opción de viajar por carretera es inviable por el cierre de fronteras, lo que haría necesario recurrir al avión. Y a nivel local, el traslado desde los lugares de alojamiento al campo está muy limitado, porque los autobuses solo pueden llenar un tercio de su capacidad y en los vehículos solo pueden ir el conductor y un pasajero, o una persona por fila de asientos si es una furgoneta. Y el segundo problema es el del alojamiento. Cada año nos hemos acostumbrado a ver cómo hay muchas personas que pernoctan –o pasan el día cuando no tienen trabajo– en casas o recintos con unas malas condiciones de salubridad, donde varias comparten una habitación, e incluso resulta habitual ver en Lleida ciudad y otros municipios a decenas que duermen al raso y se asean en las fuentes. Lógicamente, hay que velar para que estas circunstancias no se repitan este año, porque son todo lo contrario de lo indicado para evitar contagios de coronavirus. Esto obliga a habilitar alojamientos en condiciones para todo y, ello, sumado al transporte, dispara los costes en unos momentos en que buena parte de la producción arrastra años de crisis de precios. Así que es necesario que las administraciones se pongan las pilas de forma inmediata para articular soluciones, por un lado para ayudar a un sector esencial como es el frutícola y, por otro, para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud pública. Esta es una cuestión supramunicipal, por lo que debe ser la Generalitat quien asuma el protagonismo en lugar de descargar su peso en los ayuntamientos.