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Aunque con muchos menos apoyos que en las prórrogas precedentes, el Gobierno de Sánchez consiguió ayer sacar adelante con el apoyo de Ciudadanos y del PNV la convalidación de la cuarta prórroga, que prolongará el estado de alarma hasta el 23 de mayo. No podía ser de otra manera, porque la pérdida de la votación y en consecuencia el levantamiento del estado de alarma hubiera provocado una situación insólita con un gobierno sin apoyos y una situación jurídica en la que no se podría mantener la suspensión de derechos referentes a la movilidad, el mando único para la coordinación sanitaria ni los ERTEs para las empresas que han visto reducida su actividad porque, contrariamente a lo que sostiene el PP, las alternativas para mantener esta situación en base a la ley de seguridad ciudadana y la de Salud Pública no parecen viables y en cualquier caso son más complejas. En estos momentos no hay alternativa al estado de alarma, que evidentemente no equivale a confinamiento, sino que ahora es necesario para regular la desescalada y la paulatina vuelta a la normalidad con las debidas garantías. De hecho, la mayoría de países han optado por figuras similares, como el estado de emergencia, aplicado en Francia o Italia, aunque allí han optado por plazos más largos, de dos meses, prorrogados ya en el primer caso, o de seis meses, en el segundo, para evitar, precisamente, los debates cada quince días y para regular la vuelta a la actividad con todas las garantías. Pero de la misma forma que no tiene discusión el mantenimiento de una situación excepcional, tampoco la tiene que su aplicación debe ser consensuada con la oposición y, tal como ha hecho Merkel en Alemania, también con las autonomías por respeto a la realidad estatal y para conseguir más apoyos y más eficacia. Las anteriores prórrogas habían obtenido amplísimos apoyos con 321 votos a favor la primera, 270 la segunda y 269 la tercera, que tal vez fueron confundidos por Sánchez con un cheque en blanco, y ahora se ha quedado en unos raspados 178 tras una dura negociación, por lo que debe tomar nota de que están en una situación precaria y necesita más diálogo que nunca haciendo realidad su compromiso de cogobernanza. De momento, hay hasta siete autonomías que reclaman que la desescalada no se haga por provincias sino por áreas o regiones de salud y sería bueno que fueran ellas quienes la gestionaran.

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