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Los expedientes de regulación temporal de empleo articulados para hacer frente al impacto del coronavirus en la economía fueron un primer bálsamo tanto para empresas como para los trabajadores con la reducción de actividad por el estado de alarma y el confinamiento. Es una medida de flexibilización laboral que permite a las empresas suspender o reducir los contratos de trabajo, de forma que según la actividad que mantengan pasan a cobrar parcial o totalmente la prestación de desempleo. A diferencia de los expedientes de regulación de empleo, que representan una extinción del contrato entre trabajador y empresa, aquí se mantiene el vínculo porque es una medida temporal vinculada a unas circunstancias extraordinarias, en este caso el estado de alarma, pasadas las cuales se recuperan las mismas condiciones contractuales y además se garantiza que los trabajadores afectados por un ERTE no pueden ser despedidos. Ante el impacto del coronavirus en la economía, el recurso a los ERTE fue generalizado con 3,3 millones de trabajadores afectados en toda España, con posibilidad de que aún se incrementen según las previsiones del Gobierno, y 30.198 en Lleida, que representa el 22 por ciento de los trabajadores afiliados al régimen general de la Seguridad Social. Pero lo que representaba un alivio para unos ha representado una pesadilla para el Servicio Público de Empleo Estatal, que ha quedado materialmente desbordado ante el aluvión de expedientes presentados hasta el punto de que se han registrado numerosas quejas por fallos en la tramitación y sobre todo retraso en el pago de las prestaciones. Estamos a mediados de mayo y algunos trabajadores todavía no han cobrado nada desde que se aprobaron los primeros ERTE a mediados de marzo, y la misma Generalitat considera que un tercio de los trabajadores afectados por ERTE en Catalunya todavía no ha cobrado, con los consiguientes problemas para sobrevivir. A esto hay que añadir que se han multiplicado las quejas porque en una misma empresa los trabajadores han cobrado diferentes prestaciones, que en otros casos se ha retrasado por fallos en los expedientes y que los mismos gestores también están materialmente desbordados ante una situación nueva y de tramitación compleja. Habrá que pedir a Trabajo que refuerce los servicios del SEPE para evitar que la situación se prolongue y que una buena iniciativa se malogre por fallos en su ejecución.

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