Elecciones en julio

Euskadi y Galicia celebrarán sus elecciones el 12 de julio después de que así lo aprobaran sus respectivos gobiernos, estableciendo nueva fecha tras el aplazamiento obligado por el coronavirus de la primera convocatoria, fijada para el 5 de abril. De entrada, es un síntoma de que tanto Urkullu como Núñez Feijóo confían en que ya habremos llegado a una relativa normalidad para que pueda celebrarse tanto la campaña como las elecciones, aunque en los dos casos sus respectivas oposiciones estaban en contra de la convocatoria y defendían que se celebraran en septiembre. Pero tanto Urkullu como Núñez Feijóo han preferido adelantarlas por si hubiera un rebrote de la epidemia en otoño, que impediría las nuevas convocatorias con el tiempo de legislatura ya agotado, y porque con el nuevo calendario podrán elaborar en otoño los presupuestos para el año que viene. Sin duda también habrá pesado en la convocatoria el hecho de que tanto Euskadi como sobre todo Galicia han llevado sin demasiadas polémicas y con buenos datos la gestión del coronavirus, y que tanto Urkullu como Núñez Feijóo tienen prisa en asegurar su previsible reelección. Otra cuestión es si estamos en momento de convocar elecciones, de contraponer programas o de celebrar actos electorales cuando apenas estamos saliendo del confinamiento y cuando la primera preocupación de todos es la salud y el control del virus. En otros países se han celebrado elecciones pese a la pandemia y, por ejemplo, en Corea del Sur hubo récord de participación en las legislativas de abril, mientras que Francia también registró récord, pero de abstenciones en las municipales de marzo; es evidente que ningún virus debe interferir en los procesos democráticos ni impedir que los ciudadanos sigamos eligiendo a los gobernantes, aunque sí se puede discrepar sobre los calendarios y sobre la incidencia de la situación sanitaria en el voto. Y este debate sobre la oportunidad de unas elecciones con la pandemia también se está viviendo en Catalunya cuando se cumplen dos años de la presidencia de Quim Torra, sobre quien pesa una condena de inhabilitación por desobediencia y sobre la que tiene que pronunciarse el Supremo antes de otoño. En principio, el mismo Torra dijo que convocaría elecciones tras aprobarse los presupuestos, pero el coronavirus lo ha distorsionado todo y ahora no tiene prisa, pese a las urgencias de ERC. El Supremo lo puede precipitar todo.