Un millón de multas

Aunque todos los políticos destacan el nivel de civismo de la ciudadanía en el cumplimiento de las normas sanitarias, lo cierto es que esta semana hemos superado el millón de multas o, en la terminología administrativa, propuestas de sanción, por vulnerar las medidas del estado de alarma, lo que nos coloca entre los países más sancionadores por encima incluso de Italia o Francia, que aún no llegan al millón de denuncias. A esta cifra hay que añadir que se han detenido más de ocho mil personas durante este periodo por incumplimiento reiterado, desobediencia o resistencia a la autoridad, si bien hay que valorar que en las últimas semanas ha descendido tanto el número de denuncias como el de detenidos, y que aunque sea obligatorio el uso de mascarillas desde el jueves, de momento hay instrucciones para avisar y no sancionar si no hay desobediencia manifiesta. Con los datos conocidos esta semana, las policías locales han sido las más sancionadoras, con 369.597 hasta el miércoles, seguidos de la Guardia Civil, con 290.672, la Policía Nacional, con 268.567, y más lejos los Mossos, con 69.168, y la Erzaintza, con 12.214, pero como ya advirtió el ministro Marlaska en su última comparecencia en el Congreso no todas las propuestas de sanción tienen por qué acabar en multa y puede haber casos en que el relato de los agentes no sea el correcto, quedando la decisión en manos de las delegaciones del Gobierno. En este sentido, colectivos de juristas han expresado sus reticencias al marco legal aplicado para imponer estas sanciones, que es la ley de seguridad ciudadana, impulsada por el PP en 2015, conocida como “ley mordaza” y que el mismo PSOE había pedido derogar. Aun así la casuística de las sanciones es amplísima porque la misma Abogacía del Estado señala que para que haya desobediencia tiene que haber un requerimiento personal y expreso al ciudadano, que evidentemente no se da en la mayoría de los casos, de la misma forma que puede haber interpretaciones dispares sobre las sanciones por no ir al supermercado más próximo. Habrá que ver cada caso y ser conscientes de que puede colapsarse la tramitación, y procurar que se castiguen con rigor las conductas reprobables, las que han puesto en riesgo la salud del colectivo o las que han mostrado violencia, resistencia o reiteración, pero también admitir que los despistes o desconocimientos no pueden castigarse con la misma severidad.