Un cierre anunciado

Por mucho que ahora se rasguen las vestiduras políticos de todos los colores, el cierre de las plantas de Nissan en Barcelona estaba más que anunciado y solo faltaba ponerle fecha porque cuarenta años después del desembarco de los japoneses en Motor Ibérica la planta barcelonesa estaba al 30 por ciento de su producción antes de que estallara el coronavirus. La crisis ha propiciado un cierre que se veía venir porque habían empezado los ajustes el año pasado con pérdidas y despidos, no se habían asignado coches nuevos y los contratos para los que estaban en producción se acababan y además la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi había propiciado un reparto del mercado mundial de forma que los franceses se quedaban Europa y los japoneses se replegaban a Japón, China y Estados Unidos. Lo han tenido tan claro que prefieren gastarse mil millones, que es lo que se calcula que costará el desmantelamiento antes que invertir 300 como le habían planteado las autoridades catalanas y españolas para fabricar un nuevo modelo de coche eléctrico. Y lo peor no es que desde Madrid o Barcelona no hayan intentado negociar la continuidad, que lo han hecho y con alguna temeridad alguno hasta la había dado por segura, sino que desde Japón no les han hecho el menor caso y la consellera Chacón lo expresaba con sinceridad al criticar la deslealtad y el menosprecio con que han actuado diciendo que “ni siquiera nos han contestado al plan de reactivación que les presentamos a principios de año”. Son las consecuencias de fiar la industrialización a empresas cuyo poder de decisión está tan lejos como Japón y que no tienen más arraigo con el territorio que las ayudas y subvenciones, generosas en este caso, durante los 40 años en que ha estado en Barcelona y que marchan en cuanto hay expectativas de mejores beneficios en la otra punta del planeta. Evidentemente, la marcha de Nissan es un desastre sin paliativos en unos momentos especialmente delicados porque representa la pérdida de tres mil empleos directos y otros 20.000 indirectos y la marcha de una empresa que representaba el 1,3 por ciento del PIB catalán y el 2,6 del empleo. Ha recibido muchas ayudas públicas, ha obtenido grandes beneficios porque hace dos años declaró más de 2.700 millones que se transformaron en pérdidas en el último ejercicio y que ha propiciado esta despedida sin dar ninguna posibilidad de negociación. Y aquí seguiremos discutiendo.