La fruta no tiene la culpa

Los representantes de 80 municipios frutícolas, de las empresas y los sindicatos agrarios celebrarán hoy un acto en Alcarràs para denunciar la campaña de desprestigio contra el motor económico de nuestras comarcas por la imagen que se está dando de Lleida en determinados medios de ámbito catalán y estatal. Desgraciadamente, cada año hay que soportar reportajes o crónicas absolutamente sesgadas y superficiales que dan una imagen de racismo en Lleida, y más concretamente en la fruta de Lleida, que mezclan conceptos, dan versiones parciales y sin contrastar, y que tenemos que rechazar y desmentir porque en nada se parecen a la realidad. De entrada, hay que distinguir entre las personas que trabajan de forma temporal en la recogida de la fruta y las que han venido a Lleida porque alguien les había dicho que encontrarían trabajo y ahora no lo encuentran porque no tienen los papeles o no hay faena para todos y están sin trabajo y sin techo deambulando por las calles de Lleida. La relación con los primeros está regulada por medio de contratos ajustados al convenio vigente, y en la inmensa mayoría de casos cuentan con alojamientos dignos facilitados por el payés, y la mejor demostración de que no hay racismo es que algunos de los que llegaron ahora ocupan cargos de responsabilidad en la cosecha o en las empresas fruteras y que la mayor parte de los contratados repiten cada temporada. Puede que haya una minoría que no cumpla el convenio, pero igual que sucede en otros ámbitos y no se puede estigmatizar un sector por la irresponsabilidad de muy pocos, como prueban los datos de Inspección de Trabajo. Capítulo aparte es el de las personas sin techo y sin papeles, que son muchos menos que los temporeros contratados, aunque la responsabilidad no es del payés, sino de la subdelegación del Gobierno y la Generalitat, que han permitido su libertad de movimientos pese a la alarma del coronavirus, y después de la Paeria, que evidentemente ha reaccionado tarde y mal sin proporcionarles el trato y la atención que merecen pese a que era un problema anunciado y que aún quiere agravar el problema reclamando la regularización de todos sin pensar en el efecto llamada que provocaría y que aún podría agravar el problema. Por último, hay que recordar que ni la Generalitat ni el Estado tampoco han ayudado en nada y que ni Lleida ni el sector frutícola deben llevarse las bofetadas y la mala imagen.