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Desde el lunes se puede solicitar la percepción del ingreso mínimo vital, aprobado por el Congreso sin ningún voto en contra, que está planteado como una ayuda para las familias más vulnerables que pueda actuar como un salvavidas frente a los episodios de pobreza más flagrantes. La medida, que estaba prevista en el pacto entre PSOE y Podemos, se ha acelerado con la irrupción del coronavirus, que ha multiplicado las necesidades y ha hecho más urgente su implantación. Podrán acogerse a la ayuda quienes puedan acreditar su residencia legal y efectiva en España en el último año, que figuren como demandantes de empleo y cuyos ingresos no lleguen a la renta mínima garantizada o bien que hayan visto caer sus ingresos más de un 50 por ciento en el año en curso y la cuantía de la ayuda oscilará entre los 462 y los 1.015 euros, según el número de miembros y los menores que estén a su cargo. Se calcula que en España podrán beneficiarse más de ochocientos mil hogares en los que viven más de dos millones de personas y en Lleida serán unas siete mil familias con veinte mil personas las que podrán percibir esta ayuda. Hay que valorar que la renta mínima es un proyecto bienintencionado que para unos, por la izquierda, es insuficiente porque reclaman la renta básica universal y no esto que califican como “una renta para pobres”, mientras que para otros, por la derecha, consideran que puede poner en peligro las cuentas de la Seguridad Social, pero teniendo en cuenta el impacto de la Covid-19 en las economías de muchas familias, la renta es más que necesaria como una primera ayuda para salvar la situación y es de justicia que la sociedad y el Estado ayuden a quienes más lo necesiten y más en estos momentos. Habrá que ver si como ha sucedido con otros proyectos elogiables como la misma ley de dependencia, se activan los mecanismos administrativos y presupuestarios para que se pueda aplicar, que no se pierdan los que necesitan la ayuda en los marasmos de la burocracia, que se agilicen los trámites y que las rentas lleguen con la máxima celeridad a quienes las necesitan de verdad. También debería velarse para que esta renta no desincentive la empleabilidad y la búsqueda de trabajo por el temor a perder el subsidio y también habrá que vigilar tanto la estigmatización social del perceptor como los posibles fraudes, pero son detalles que no empañan la justicia, la necesidad y la urgencia de esta renta mínima.

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