Entramos en la “represa”

Después de tanto reclamarla, en el llano de Lleida y Barcelona hemos tenido la fase 3 más corta, de apenas unas horas, porque entró en vigor con su publicación en el BOE ayer y ha quedado derogada horas después con el decreto de la Generalitat por el que recupera las competencias restringidas con el estado de alarma y asume el control de la desescalada con una nueva etapa que ha bautizado como la “represa”, el nombre que Torra quiere darle a lo que Sánchez había bautizado como “nueva normalidad”. Al margen de como quieran llamar a las cosas y de la obsesión por marcar diferencias, hay que preguntarse, como hacen algunos dirigentes empresariales, por qué Lleida no pudo pasar de fase el lunes como sucedió con Girona o la Catalunya central o qué cambió desde el viernes, en que no se pidió el cambio de fase, al domingo, en que ya se anunció que se reclamaría porque ha habido empresas y sectores perjudicados y se ha perdido una semana en recuperar la normalidad. La nueva etapa, de “represa”, viene marcada por la recuperación inmediata de la movilidad entre las comarcas catalanas y también con las demás autonomías y los países europeos del espacio Schengen a partir del domingo 21, un paso que sin duda beneficiará al turismo de nuestras comarcas, que esperan la llegada de visitantes de las ciudades, pero que también puede crear problemas de masificación y riesgos sanitarios teniendo en cuenta que la semana que viene es Sant Joan, con proliferación de salidas, fiestas y verbenas. La intención de la Generalitat es simplificar las normas y que estén regidas siempre por criterios de claridad y rigor para evitar confusiones y garantizar que todos puedan cumplirlas. Lo más significativo es que seguirá siendo obligatoria la mascarilla y respetar la distancia de 1,5 metros y hasta el 25 de junio se mantienen las limitaciones de aforos en actos públicos, con tope del 50 por ciento en recintos cerrados y del 75 por ciento en los que sean al aire libre para minimizar riesgos con las verbenas de Sant Joan. A partir del 25 desaparecerán los porcentajes y según la consellera Budó serán los mismos ciudadanos los que deberán garantizar la distancia de 1,5 metros con la obligación de sectorizar espacios en lugares muy concurridos. En cualquier caso, lo importante será la responsabilidad cívica de los ciudadanos no solo para cumplir las normas, sino para minimizar posibles riesgos aplicando el sentido común.