La responsabilidad es política

El president Quim Torra firmó el pasado 18 de junio, horas después de que la Generalitat hubiera recuperado las competencias recentralizadas por el Gobierno español durante el estado de alarma, un decreto en el que daba por terminada la fase 3 de la desescalada y ponía en marcha lo que denominó “fase de represa”. A partir de entonces, la única limitación impuesta en las distintas actividades era la obligación de mantener la distancia mínima de 1,5 metros, o 2,5 metros cuadrados por persona en espacios cerrados, donde también era obligatoria la mascarilla en el caso de no poder mantener la distancia. El Govern traspasó a los ciudadanos la responsabilidad de evitar aglomeraciones o evitar conductas de riesgo. No solo teóricamente, sino también en la práctica, porque la realidad es que a pesar de que muy pronto fue evidente que muchas personas hacían caso omiso al mantenimiento de la distancia social y que las aglomeraciones o comportamientos que podían contribuir a reactivar los contagios de coronavirus eran relativamente frecuentes, las autoridades no adoptaron medidas coercitivas. Los ciudadanos debemos actuar con responsabilidad y es positivo que las administraciones apelen a ello. Ahora bien, convertir este aspecto en la base principal para evitar contagios de un virus sin vacuna parece más bien una dejación de funciones. Porque si todos los ciudadanos fuéramos absolutamente responsables, seguro que serían necesarios menos efectivos policiales y la conflictividad social sería anecdótica. Además, ha quedado patente que las administraciones obviaron cuestiones tan importantes como la presencia de decenas de miles de temporeros y de cientos de “sin papeles” que acuden cada año a Lleida para intentar trabajar en la campaña de la fruta, cuyas condiciones precarias de alojamiento son sobradamente conocidas, o que el dispositivo de Salud para controlar y seguir posible brotes es totalmente insuficiente, por no hablar del déficit crónico de personal sanitario. Todo esto nos ha llevado a pasar de una fase basada en la responsabilidad individual a otra en que la mascarilla es obligatoria en todos los lugares menos en casa, a que se haya confinado perimetralmente el Segrià y que se esté estudiando endurecer esta medida. Es cierto que muchos ciudadanos no hemos cumplido con nuestra cuota de responsabilidad, pero son los políticos los principales responsables de la actual situación.