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El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, se reafirmó ayer en el nuevo paso hacia la normalidad que supondrá el curso escolar presencial. El representante del Govern dejó claro que “el inicio del curso está garantizado” y que se emprenderá el 14 de septiembre. También quitó hierro a los problemas que pueda suponer el máximo de 25 alumnos por aula, la necesidad de contar con más profesores y otras eventualidades que, en muchos casos, están “ya previstas”, y en otros, se están debatiendo con Salud. Entre las controversias a aclarar figura el uso de las mascarillas, sobre lo que el dirigente advierte que, “seguramente”, los estudiantes de más de 10 años deberán llevarla en clase, al menos en “algunos territorios”. Vivimos tiempos de cambios constantes provocados por una crisis sanitaria mundial sin precedentes desde la “gripe española”, que entre 1918 y 1919 infectó a una tercera parte de la población de aquel momento y que mató a más de 50 millones de personas en todo el mundo. La medicina ha avanzado mucho desde entonces y, gracias a ello, científicos y epidemiólogos confían en que la vacuna ponga fin a la actual sangría de fallecidos –casi 800.000 a día de hoy–, más pronto que tarde. Pero las certezas al cien por cien no existen y, mientras llegan los remedios, debemos convivir con el coronavirus y la vuelta a las aulas es una necesidad emocional, cultural, social y económica de primer orden. Los actuales cribajes masivos, la menor presión sanitaria que padecen los hospitales y el mayor control de los casos y sus cadenas, además de más conocimientos y planificación, hacen prever un otoño menos dramático que la primavera y, por tanto, no existe hoy una causa mayor que impida abrir los colegios. Con todas las medidas de seguridad necesarias, con menos alumnos si cabe por aula, y con asesoramiento médico continuo en cada centro, pero abiertos. Sin duda, la mayor responsabilidad para que esto sea posible recae en la administración, pero padres, maestros y alumnos deben contribuir a que este comienzo sea lo menos traumático posible, del mismo modo que no es solo responsabilidad del personal sanitario evitar la propagación de la Covid-19. Los gobiernos ponen las normas, el arbitraje y el material estructural, técnico y humano, pero es la ciudadanía con su responsabilidad personal, en aras del bien común, la que debe completar la cadena de prevención

para que todo vaya bien.

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