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El caso del vídeo vejatorio del geriátrico Mossèn Homs de Terrassa ha llegado a la Justicia. La Fiscalía Superior de Catalunya ha abierto diligencias de investigación “por si su gravedad objetiva pudiera tener relevancia penal”. La Fiscalía toma en consideración el maltrato y la vejación a una residente de avanzada edad, según se ve en el vídeo que se grabaron dos trabajadoras y colgaron después en la red social Instagram. «Se observa –dice el informe jurídico– que una de las trabajadoras daba de comer a la anciana mientras profería contra la misma expresiones vejatorias, tales como “va, abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias». La apertura de diligencias coincidió con el anuncio realizado por la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, de que el ejecutivo catalán tiene intención de personarse como acusación en la causa que se abra contra ellas. Las dos empleadas del centro, que es de titularidad pública, han dejado sus puestos después de firmar el lunes una carta de renuncia, según explicó la propia Vergés. Las execrables imágenes obligan, además del inexcusable despido de ambas, a una revisión serena pero contundente del funcionamiento de muchos geriátricos. Primero, la gran mayoría de auxiliares de las residencias han tenido una actitud más que ejemplar hacia los ancianos que cuidan en esta crisis sanitaria; en Lleida tenemos muchos ejemplos de cuidadoras que se han encerrado en los centros para evitar contagios. Segundo, han soportado el peso de custodiar la Covid sin el reconocimiento que ha hecho la sociedad a médicos y enfermeras y, tercero, sus sueldos son bajísimos para la labor que hacen y la profesionalidad que el colectivo en su conjunto ha demostrado en esta pandemia. Dicho esto, Bienestar, que tuvo que dejar en manos de Salud el control de la Covid en las residencias por la gravedad de la situación y el descontrol inicial de la gestión, sigue teniendo las competencias para custodiar el buen funcionamiento de este servicio, cada vez más esencial para nuestros mayores. Los geriátricos no pueden ser un negocio para la diversificación de grandes o pequeñas empresas, son uno de los pilares básicos de la sociedad del bienestar. Asegurar una vejez digna a nuestros mayores era, es y lo será todavía más en el futuro, una obligación de primer orden para cualquier gobierno y amparar y controlar el personal a cargo de esta labor es absolutamente prioritario.

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