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El ministerio de Justicia anunció ayer que la semana próxima empezará a tramitar las peticiones de indulto para los dirigentes del procés encarcelados en un proceso paralelo a la anunciada reforma de los delitos de secesión y rebelión en el Código Penal. Es una buena noticia porque puede ayudar a la distensión en el clima político catalán, porque puede servir para corregir unas condenas que muchos hemos calificado como exageradas y porque serviría para acabar con la situación de prisión de los dirigentes del procés. El anuncio no ha gustado ni a la derecha española, que se ha apresurado a anunciar recursos ante el Supremo si finalmente se conceden los indultos, hablando de inmoralidad y de una cesión para conseguir el apoyo a sus presupuestos, ni tampoco a los independentistas catalanes, que recelan del anuncio y exigen una amnistía por una condena que consideran injusta. Era lo previsible en un ambiente tan polarizado como el que se vive en Catalunya, pero lo cierto es que legalmente el Gobierno está obligado a tramitar las peticiones de indulto que ya se han formalizado y que hasta ahora habían estado aparcadas por la pandemia. Ahora el ministerio tendrá que agrupar los expedientes con las peticiones individualizadas y trasladarlas primero al tribunal sancionador, el Supremo, que a su vez recabará otro informe de la Fiscalía, que expondrá su parecer sobre la idoneidad de la medida, para que luego el Supremo emita su propio informe. Son los pasos preceptivos que marca la ley, que también establece que ninguno de los dos será vinculante porque la decisión política corresponderá al Consejo de Ministros de extinguir total o parcialmente la responsabilidad penal de los implicados. Es un proceso que puede llegar a durar hasta seis meses y por otro camino paralelo va la anunciada reforma del Código Penal sobre la sedición y rebelión, que en este caso puede beneficiar a Carles Puigdemont y los dirigentes huidos a Bélgica tras pasar por un debate parlamentario y posterior votación en el Congreso y el Senado, por lo que puede tardar más que la tramitación de los indultos. Está claro que no es una solución inmediata, ni convencerá a todos, pero sí es un gesto importante que puede ayudar a la distensión en el clima político catalán, a normalizar las relaciones políticas entre Catalunya y Madrid e incluso a abrir vías para un diálogo que restañe heridas de cara al futuro.

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