EDITORIAL
Regular el teletrabajo
Durante muchos años se hablaba del teletrabajo como una opción de futuro a explorar que solo en algunos sectores había comenzado a desarrollarse de forma incipiente. Antes de la pandemia, apenas un 5 por ciento de la población ocupada había optado por el teletrabajo y en su mayoría eran directivos o profesionales liberales, pero con el virus ha habido que hacer de la necesidad virtud y ha pasado a un 35 por ciento de la población ocupada, con especial incidencia en sectores como la intermediación financiera, que llega a casi la mitad de los trabajadores del sector, inmobiliarias, administración pública, las empresas de energía, las químicas o la edición y artes gráficas. En otros sectores que exigen presencialidad como la agricultura, la hostelería o la construcción, los porcentajes son mucho menores, pero aun así se acercan al diez por ciento los trabajadores del sector que aseguran optar por el teletrabajo, cuya implantación también está en función de la calidad de las conexiones de forma que en Catalunya, Madrid y País Vasco se supera el 25 por ciento, mientras que en otras autonomías con menos conectividad como Extremadura, Castilla-La Mancha o Andalucía, no llega al 20 por ciento. Lo cierto es que se ha implantado con urgencia, como se ha podido en cada sector para mantener la actividad durante la pandemia y sin que hubiera una regulación que se hace necesaria porque el teletrabajo se mantendrá o incluso se ampliará en algunos sectores. Por esto hay que aplaudir el acuerdo entre sindicatos y patronal reflejado en el proyecto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, que es la primera normativa en España sobre el tema y que entrará en vigor en veinte días. Se basa en que la opción de trabajar desde casa toda o parte de la jornada laboral es una opción voluntaria y reversible en la que se han de poner de acuerdo empresa y trabajador, que no puede haber discriminación de quien opte por el teletrabajo, que se mantienen los derechos, que la empresa puede controlar la actividad y, en el aspecto que más discusión generó, que la compensación por los gastos generados tiene que abordarse en la negociación colectiva. Sin duda, quedarán cuestiones a corregir o a delimitar, pero se ha dado un gran paso con este acuerdo que garantiza los derechos de los teletrabajadores y que también debería ayudar a mejorar la productividad de las empresas y la conciliación familiar.