Esperada... y desproporcionada

No retirar unos lazos amarillos y una pancarta colgada en el balcón del Palau de la Generalitat pidiendo la libertad de los presos independentistas. Por este motivo, que podría considerarse prácticamente trivial, Quim Torra pasará a la historia al convertirse en el primer presidente de la Generalitat en activo inhabilitado tras ser condenado por desobediencia. El Tribunal Supremo hizo pública ayer la sentencia que ratifica la emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y que le aparta de la presidencia del gobierno catalán, a la vez que le prohíbe presentarse como candidato a cualquier cargo electo durante un año y medio. El fallo condenatorio era más que previsible después de que, durante el juicio del pasado mes de noviembre, Torra reconoció en todo momento que no había atendido a los requerimientos de la Junta Electoral Central de retirar la pancarta y lazos amarillos, pero ello no es óbice para considerarlo totalmente desproporcionado, puesto que la infracción cometida podría haber sido considerada como una simple falta administrativa que debería acarrear una pena de multa. Pero la sentencia ha dado un nuevo ejemplo de la judicialización de la política en una etapa convulsa, lo que no hará más que acentuar la desafección social y la desconfianza en la Justicia de buena parte de la sociedad.

Además, a la práctica, lo que comporta es que el Gobierno catalán se quede en funciones hasta que se convoquen los nuevos comicios, que no se podrán celebrar hasta principios del próximo año. Y esto ocurre en medio de una crisis sanitaria mundial, que requiere de la máxima efectividad de las instituciones para hacer frente a los estragos que, a nivel humano, social y económico, está causando la Covid-19. Serán, pues, unos meses vitales para luchar contra las presumibles nuevas oleadas de la pandemia, y en Catalunya se afrontarán con un ejecutivo débil y unas fuerzas políticas que, quieran o no, a buen seguro centrarán parte de sus esfuerzos en asegurarse unos buenos resultados electorales. Se abre, por lo tanto, un futuro incierto y unos meses inquietantes, con unos comicios que, según Torra en su discurso en el Palau tras recibir la sentencia, deben ser plebiscitarios “para confirmar el mandato del 1-O”.