Pacto para evitar males mayores

El suministro de agua potable en Lleida está concedido a la empresa Aqualia, con la que la Paeria tiene firmado un contrato que se prorrogó en 2012 por 19 años con la previsión de un incremento de tarifas para compensar las obras que afrontaba la concesionaria. Se hicieron parte de las obras y están comprometidas las pendientes y se aplicaron las subidas en los dos primeros años, pero no en los siguientes, por lo que a finales de 2019, la empresa concesionaria presentó una reclamación por escrito de 12 millones como paso previo a una reclamación por vía judicial por incumplimiento de contrato. El pleito se podía ganar, como sostiene JxCat, aunque CiU se abstuvo en la votación de 2012, o se podía perder con el consiguiente quebranto para las depauperadas arcas municipales y dos de los socios de gobierno con el apoyo del PSC han optado por la prudencia por aplicar una subida escalonada en tres años e intentar resolver el conflicto con Aqualia. No es una buena noticia la subida de tarifas de un servicio básico como el agua, aunque tenga una repercusión limitada en el consumidor doméstico, pero se ha optado por el mal menor y tanto ERC como el Comú han aparcado su pretensión de municipalizar el servicio, mientras que el PSC ha aceptado con lealtad un pacto que puede evitar males mayores y que puede ayudar a zanjar un conflicto generado en su mandato.

800.000 empleos Al día siguiente de que se incrementara la previsión del déficit público hasta el 11,7 por ciento, el presidente del Gobierno compareció para anunciar un plan de recuperación que prevé la creación de 800.000 puestos de trabajo y que las ayudas comunitarias servirán para recuperar 2,5 puntos del Producto Interior Bruto cada año hasta el 2023 que durará el plan. A estas alturas ya estamos curados de promesas grandilocuentes con la creación de miles de empleos, pero hay que valorar positivamente que se dispone de 140.000 millones de euros concedidos por la UE para los próximos seis años y que se han incrementado los límites de gasto para que sea la administración quien actúe como motor de la recuperación.