Reconocimiento de culpa

El anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, anunció el miércoles que ha pagado 678.393 € a Hacienda “para satisfacer una deuda tributaria incluyendo intereses y recargos” por unos gastos no declarados que corresponderían al uso de tarjetas bancarias por parte del monarca emérito y algunos familiares, entre los que no estarían los actuales Reyes, y antes de que la fiscalía del Supremo abra una causa penal por supuesto delito fiscal. Con el comunicado y el pago se pretende evitar que continúe la causa judicial abierta porque la legislación española prevé que el implicado pueda eludir un delito fiscal si abona su deuda antes de que Hacienda o la justicia le notifiquen el inicio de actuaciones, algo que en este caso aún no se había hecho y, concretamente, el artículo 305.4 del Código Penal establece que la regularización de la situación tributaria impedirá perseguir las irregularidades contables cometidas previamente. Ahora tendrán que ser las autoridades tributarias las que comprueben que este pago regulariza la situación tras la investigación de las cuentas y el patrimonio del implicado, por lo que el caso teóricamente está lejos de cerrarse. Pero al margen de la maniobra jurídica, el pago de Juan Carlos es otro golpe a la imagen de la monarquía, porque reconoce explícitamente que evadió impuestos por una parte y que también lo hicieron algunos familiares que se beneficiaron de las tarjetas opacas. Por otra parte, la regularización afecta a estas tarjetas “regaladas” por un empresario mexicano, pero la parte fundamental de su fortuna en el extranjero, con fondos en paraísos fiscales regalados por autoridades saudíes o los desviados a su amiga Corinna y que también están siendo investigados por el fiscal suizo, quedan por resolver. Y aunque sus abogados dicen que está a disposición de la justicia española, hace los pagos desde los Emiratos Árabes Unidos, donde se refugió mientras se investigaba en España y en Suiza. El caso ya ha salpicado a la familia, y aunque Felipe VI anunciara su renuncia a esta fortuna poco antes de que estallara el escándalo, quien sale perjudicada es la monarquía, que se fundamenta en la conducta ejemplar y ética de sus representantes, irreconciliable con el enriquecimiento ilícito y la evasión fiscal. Y aunque se juzgue a personas y no a instituciones, como dijo Pedro Sánchez, es evidente que Juan Carlos se aprovechó de su condición de rey y de jefe del Estado en beneficio propio.