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El incendio de una nave en Badalona donde se hacinaban en condiciones insalubres hasta 200 inmigrantes, que ha provocado de momento tres muertos y otros tantos heridos graves, con una docena de hospitalizados, es un reflejo del drama de la inmigración con una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado, hasta que llega una desgracia y llueven los lamentos. Ha sucedido en Badalona pero podría tener otros escenarios porque, desgraciadamente, la situación se repite y en muchas ciudades los inmigrantes tienen que refugiarse en naves o edificios abandonados en los que sin luz ni agua sobreviven como pueden, sin que las denuncias de los vecinos o las entidades asistenciales puedan solucionar el problema. En el caso de Badalona, la nave llevaba al menos ocho años ocupada y el alcalde García Albiol explicó que “el ayuntamiento sabía perfectamente las condiciones en que se encontraba la nave incendiada” y, de hecho, Mossos y policía urbana habían intervenido para identificar a los ocupantes sin poder desalojarlos porque los tribunales no habían respondido a las demandas en seis meses y la ley protegía a los okupas, al considerar que era su domicilio privado. Las únicas acciones coercitivas fueron aún más perjudiciales para los inmigrantes al cortarles la luz y el agua, por lo que tuvieron que recurrir a estufas de butano y velas, que finalmente provocaron la tragedia. Se ha acumulado la negligencia de los propietarios de la nave, que conociendo la situación no hicieron nada; la de los tres alcaldes, que han pasado por Badalona sin afrontar el problema denunciado por los vecinos; la burocracia judicial, que no ha dado respuestas; una legislación confusa y obsoleta sobre las ocupaciones, y una falta de respuesta ante una situación dramática que solo merece nuestra atención cuando hay muertes. Hablamos de personas que han soportado penalidades, que malviven en nuestras ciudades y que tienen unos derechos que no son respetados y que no pueden acceder a una mínima asistencia social e incluso humanitaria. No es responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos, que suelen verse desbordados por el flujo migratorio, y en Lleida cada verano tenemos sobradas experiencias, sino que exigen una respuesta global desde la Unión Europea a los respectivos gobiernos para acabar con una situación de injusticia e incluso de falta de humanidad. Lo de Badalona puede repetirse en otros sitios y exige una respuesta urgente.

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