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El vicepresidente Aragonès y la consellera Budó presentaron ayer las nuevas medidas de la Generalitat que estarán vigentes hasta el día 11 de enero resaltando que la situación epidemiológica es grave, apelando una vez más a la responsabilidad ciudadana y buscando el difícil equilibrio entre la salud y la economía. Es una dicotomía imposible de separar porque, si no se garantiza la salud colectiva, es evidente que la economía no puede funcionar, y al mismo tiempo si se hunde la economía tampoco se podrá financiar la salud, ni el conjunto de servicios públicos. Es un equilibrio que se complica aún más por la proximidad de la cita electoral con los dos socios de gobierno disputándose la hegemonía y en el que ninguno quiere cargar con el malestar que generarían unas medidas más duras, ni tampoco con las consecuencias de un empeoramiento de la situación y una nueva oleada a mediados de enero. Para acabar de enredarlo, la comunicación de las medidas ha vuelto a ser como mínimo confusa, con retrasos en la toma de decisiones y una puesta en escena precedida por unos mensajes casi apocalípticos de Aragonès y Budó que luego se concretaron en medidas menos drásticas de lo esperado y sin valorar que los indicadores determinantes de cada fase están con tendencia a empeorar, pero mejor que en noviembre, y por supuesto que en primavera, y mejor que en otros países europeos. Bien está tomar medidas antes de llegar a la misma situación pero también habrá que valorar las causas y no hacer pagar los platos rotos como siempre a la hostelería, que según datos oficiales no es el origen de la mayoría de brotes, y repetir que se intensificarán los controles dando a entender que hasta ahora no se hacía. Es significativo que solo el 6 por ciento de las sanciones impuestas por no cumplir las restricciones se habían cobrado hasta ahora y el problema de las nuevas medidas es que se contemplan tantas excepciones que habrá que ir con la normativa del DOG en la mano. Las novedades se centran en las limitaciones a la hostelería, que solo podrán servir desayunos y comidas con horario limitado, obligatoriedad de mascarillas en gimnasios y más movilidad porque aunque se amplía a toda la semana se permite viajar a segundas residencias, hoteles o casas rurales, que representará un respiro para el turismo pirenaico. Y las críticas han llegado en todos los sentidos, pero el equilibrio es complicado.

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