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Mal empezamos el año. La rave de Llinars del Vallès ha vuelto a evidenciar que los socios de gobierno de la Generalitat están de precampaña. Solo así se explica que se haya permitido celebrar durante más de 40 horas una fiesta ilegal de Fin de Año en plena pandemia. Las numerosas imágenes del interior del recinto mostraban a centenares de personas sin mascarilla que se divertían sin mantener ninguna distancia de seguridad. Los departamentos de Salud (ERC) e Interior (JxCat) se culparon mutuamente de la grotesca situación. La conselleria de Sàmper decía necesitar un protocolo sanitario de actuación y la de Vergés pedía el desalojo inmediato de la nave porque nunca se había necesitado ningún protocolo de Salud para actuar. El vicepresidente, Pere Aragonès, acabó entonando un mea culpa con la boca pequeña y cuando la lluvia de críticas ya era una inundación: “Revisaremos con Interior cómo se han desarrollado los hechos con el objeto de evitar que se vuelva a producir una situación de estas características y las actuaciones sean más rápidas”, publicó en Twitter. Y habrá que hacerlo, pero no basta. Para los millones de personas que estas fiestas han acatado las normas, la permisividad con la rave de Llinars es “un insulto” en palabras del investigador de la Universidad de Leicester Salvador Macip. No se puede poner el peso de la responsabilidad sobre la ciudadanía para que no se disparen los contagios, sobre todo si quienes deberían velar por nuestra seguridad se quedan de brazos cruzados cuando surge un problema. Marina Geli, exconsellera de Salud, fue tajante: la fiesta ha sido “un delito contra la salud pública”. El conseller Sàmper y el major Trapero defendieron su gestión, asegurando que se actuó con criterios sanitarios, pero aunque se detuvo a los dos organizadores y se tramitaron 215 denuncias, no convencieron. Tanto para los hosteleros, que han perdido una de las fiestas más importantes del año para sus negocios, como para quienes celebraron la Nochevieja en la intimidad y respetando el toque de queda, estas 40 horas de descontrol son difíciles de entender. De hecho, ni los compañeros de filas de Sàmper han visto clara la actuación policial y Laura Borràs, de JxCat, consideró la demora “inaceptable e indignante”. No podemos permitirnos estar sin gobierno cuando las cifras del coronavirus siguen disparadas.

Ahorro en tiempos de crisis Mientras, las familias y empresas leridanas han ahorrado más de 800 millones de euros en el primer semestre de pandemia, una “bolsa” que permitirá incrementar el consumo cuando se recupere una cierta normalidad. La otra cara de la moneda es que 20.000 personas necesitan ayudas públicas.

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