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Muchas multas, pero pocos medios para tramitarlas. Incumplir las medidas anti-Covid ha salido barato, hasta ahora. Los Mossos d’Esquadra y las distintas policías locales han impuesto nada menos que 12.500 sanciones en las comarcas de Lleida desde que se inició la pandemia, pero solo se han cobrado el 8%. La administración no puede trasladar toda la responsabilidad a los ciudadanos y desentenderse de sus propias obligaciones. Nosotros tenemos que cumplir las normas, pero los gobiernos, también. Se nos ha reiterado por activa y por pasiva que no podemos tener un policía vigilando en cada esquina, y es cierto. Pero no puede ser que en una sociedad avanzada la persona responsable sea castigada con restricciones y la irresponsable se vaya de rositas. Hasta la semana pasada, nueve meses después de la llegada de la Covid-19, el Govern no aprobó el programa para la gestión de los expedientes sancionadores, por el que se contratará a 298 personas que tendrán que tramitar las multas. También con mucho retraso llega la orden de la conselleria de Salud que ha permitido a los ayuntamientos tramitar los expedientes sancionadores por infracciones leves de la normativa anti-Covid, como no llevar puesta la mascarilla o no respetar el toque de queda. Esta delegación de funciones permite que desde los consistorios se puedan hacer efectivas multas que ahora no se tramitaban. En teoría esta agilización del sistema sancionador ha de acabar con la percepción de impunidad que ha permitido, por ejemplo, que se celebre una fiesta rave en una nave industrial de Llinars del Vallès durante 40 horas a la que asistieron 300 personas procedentes de toda Catalunya y de distintos países europeos. Sin embargo, los juristas dudan de que algunas de las denuncias puedan tener recorrido, sobre todo las impuestas por desobediencia, ya que son difíciles de demostrar. Todos tenemos que poner de nuestra parte para acabar con el coronavirus, pero la administración debería ser más previsora y no ir a remolque.

...Y después de la foto, ¿qué? Y seguimos con falta de previsión. Era domingo y en pleno puente de Navidad, pero lo primero era lo primero. Llegaron las esperadas vacunas y hubo foto del vicepresidente y de la consellera de Salud con la primera vacunada de Catalunya. Vergés anunció que en dos semanas habrían recibido la primera dosis de la Pfizer/BioNTech los 104.000 residentes y trabajadores de todos los geriátricos catalanes. La realidad, sin embargo, es que una semana después solo se han puesto 7.700 de las 60.000 disponibles. Se alegan problemas logísticos, falta de personal, trámites burocráticos que ralentizan los permisos... Sea como sea, a este ritmo la pandemia se eternizará.

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