El derecho al voto y la salud

Por si no hubiera suficiente confusión con la pandemia y sus secuelas, la vacunación y sus problemas, y la convocatoria electoral que nos tiene en el limbo, el Tribunal Superior de Justicia inhabilitó ayer durante un año al conseller que gestiona el proceso electoral. Bernat Solé, titular de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, ha sido condenado por desobediencia por haber organizado y colaborado en los preparativos y la celebración del referéndum del 1 de octubre cuando era alcalde de Agramunt. Es la primera condena a un alcalde después de que la mayoría de causas abiertas a unos 700 alcaldes se archivara salvo en una decena de casos, y después de que la alcaldesa de Roses fuera absuelta de los mismos cargos. Que Solé sea condenado ahora en medio de los preparativos de la campaña electoral no deja de ser otro factor de confusión, aunque pueda continuar en el cargo mientras la condena no sea firme. Y también ayer, el mismo tribunal ratificó la suspensión cautelar del aplazamiento de las elecciones hasta el 30 de mayo, desestimando las alegaciones de la Generalitat y manteniendo la fecha del 14 de febrero, y hoy dará a conocer su resolución, que podrá ser recurrida y resolverá sobre el fondo de la cuestión antes del 8 de febrero, en la recta final de la campaña electoral si no surgen nuevas decisiones que lo modifiquen. Es decir, que todo apunta a que, por decisión judicial, las elecciones catalanas tendrán que celebrarse el 14 de febrero pese a la excepcionalidad alegada por la Generalitat sobre la situación sanitaria. Estamos en un debate entre el derecho al voto y el derecho a la salud, y entre la aplicación de la normativa vigente y la excepcionalidad creada por la pandemia que ha afectado en Catalunya a casi medio millón de personas y puede provocar, a primeros de febrero, un pico de hospitalizados. Parece claro que en el ordenamiento vigente no se contempla el aplazamiento electoral, que la convocatoria era consecuencia de la falta de candidato a la presidencia tras la inhabilitación de Torra, y es evidente que, al dejar la presidencia vacía, el vicepresidente no tiene capacidad para convocar nuevas elecciones. Pero también es evidente que estamos viviendo una situación de excepcionalidad sanitaria, con estado de alarma y confinamientos municipales, que mantener las elecciones en medio de la pandemia es un riesgo para la salud de muchos ciudadanos, y que muchos se verán privados del derecho al voto y también podrán recurrir. Los defectos de forma que hayan podido cometerse en el decreto de aplazamiento, que según la Generalitat están calcados del que se aprobó en Euskadi, pueden subsanarse, pero lo que será más difícil de corregir es el peligro para la salud cuando en febrero se prevén 25.000 contagios semanales y 200.000 personas confinadas, el miedo a votar que conlleva y el previsible descenso de participación.