Cuarenta años sin ley electoral propia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha hecho pública la sentencia por la que, aceptando los recursos presentados, anula el aplazamiento electoral hasta mayo y mantiene los comicios el 14 de febrero. Al margen de cuestiones ya conocidas como que los jueces no consideran que exista una causa de fuerza mayor para el aplazamiento o que, según el decreto de alarma, solo una situación imprevisible que determine la imposibilidad de celebrar las elecciones por razones de salud pública justificaría un aplazamiento, el tribunal destaca que el vicepresidente Aragonès carece de competencias para suspender o aplazar elecciones. En su opinión, el vicepresidente en funciones de presidente no está habilitado expresamente por una norma legal para esta función y, aunque se puede discrepar de las consideraciones anteriores sobre la fuerza mayor que representa la pandemia o la situación que se vive en los hospitales, hay que admitir que ciertamente el vicepresidente no puede convocar ni anular elecciones. Es competencia exclusiva del president, cuyo rango no quiso aceptar Aragonés cuando resultó inhabilitado Torra y empezó a correr el calendario para que las elecciones se celebraran automáticamente el 14 de febrero. Ahora no hay remedio, pero la situación es consecuencia tanto de la situación creada por la inhabilitación de Torra como de la incapacidad de los políticos catalanes para llegar a un acuerdo sobre una ley electoral propia. El resultado es que, a diferencia de otras comunidades que sí han elaborado una ley propia, aquí seguimos regidos por la ya famosa Ley Orgánica de Régimen Electoral General, la LOREG, que todo el mundo critica pero que sigue marcando los criterios del proceso electoral. La falta de consenso ha impedido que el Parlament aprobara una normativa electoral propia, porque los diferentes partidos no han alcanzado un consenso mínimo sobre la distribución de escaños por territorio, y porque a quienes gobernaban ya les iba bien el actual sistema. Se llegó a presentar una Iniciativa Legislativa Popular que superó el primer trámite en el Parlament en 2015, pero que tampoco llegó a materializarse y que, además de una nueva distribución de escaños, proponía una Sindicatura Electoral que asumiera las competencias arbitrales de la denostada Junta Electoral Central, pero la reforma no cuajó entre otras cuestiones porque reducía la representación de Lleida, Girona y Tarragona en beneficio de las áreas metropolitanas. No parece que tenga que ser esta la cuestión fundamental cuando, por ejemplo, en Euskadi se asignan los mismos diputados a Álava, menos poblada, que a Vizcaya, pero lo que sí debería ser urgente es alcanzar un mínimo consenso sobre la normativa, la representatividad, los controles de la campaña o los calendarios, porque llevamos 40 años sin una ley electoral propia y esto es un fracaso para los políticos y toda la sociedad.