La atención a mayores, un servicio a mejorar

El de los usuarios de los geriátricos ha sido el colectivo más golpeado por la Covid, hasta el punto de que 305 de los 697 fallecidos en Lleida residían en estos centros. En algunos el balance ha sido mucho más que trágico.

Solo hay que recordar los más de 60 muertos en la residencia de la Fundació Fiella de Tremp, los 36 en la Llar de Sant Josep de Lleida o los 28 en la Pere Màrtir Colomés de Solsona. Ahora, la situación ha mejorado de forma sustancial gracias a que este colectivo ha sido el primero en ser vacunado contra la Covid.

Los residentes pueden volver a salir a la calle o ir algún día con sus familiares, hay más facilidades para recibir visitas y, en definitiva, se están recuperando poco a poco las actividades que eran habituales antes de la pandemia. Sería un error, no obstante, hacer borrón y cuenta nueva y olvidar que lo que ha hecho el coronavirus es hacer evidente, con consecuencias devastadoras, que la atención a las personas mayores que se encuentran en estos equipamientos tiene déficits de base.

Altos cargos de los departamentos de Salud y Bienestar así lo han reconocido públicamente en los últimos meses y han manifestado la necesidad de introducir cambios. La pregunta es si, como ha sucedido tantas veces, las buenas intenciones se quedarán en eso.

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En Catalunya, el servicio de los geriátricos está básicamente en manos privadas, aunque una parte de sus plazas son concertadas, mientras que la gestión pública es minoritaria. Ejemplo de ello es lo que sucede en Lleida ciudad, donde solo hay tres residencias públicas.

Además, los fondos de inversión y grandes empresas también han entrado con fuerza en este sector. Lleida sirve de nuevo para ilustrarlo, ya que una firma del grupo ACS ultima la puesta en marcha de una residencia en Cappont, un fondo de inversión acaba de iniciar las obras de uno en la calle Acadèmia y ha comprado el geriátrico Castrillón y otro fondo está tramitando la reconversión de la antigua residencia estudiantil Pare Coll en una para ancianos.

Cualquier empresa que abre un negocio, sea el que sea, necesita ganar dinero o como mínimo no perderlo para seguir adelante. Ahora bien, la administración es la que debe fijar los requisitos mínimos que debe cumplir este tipo de servicio de atención a ancianos y, a la vez, debe garantizar una oferta suficiente para que toda la población que lo necesite pueda tener acceso al mismo, ya sea abriendo centros públicos o concertando plazas privadas y estableciendo mecanismos para evitar que haya personas que se queden fuera por motivos económicos.El gran problema es que para todo esto se necesita presupuesto y que la crisis asociada a la pandemia empeorará aún más el delicado estado de las arcas públicas.

Pero sea como sea, hay que buscar fórmulas para priorizar una adecuada atención a los mayores que no pueden valerse por sí mismos.