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Tal como era previsible, el Parlamento Europeo ha votado a favor de conceder el suplicatorio y levantar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, y no es ninguna sorpresa porque los grupos mayoritarios se habían posicionado a favor y además en la cámara europea se conceden la inmensa mayoría de suplicatorios. Hubo 400 votos a favor de levantar la inmunidad, 248 en contra y 47 abstenciones, y aquí cada cual lo interpreta a su manera porque desde el Gobierno español se destaca que casi el 60 por ciento de los eurodiputados se pronunció a favor del suplicatorio en lo que interpretan como un apoyo al estado de derecho español, mientras que Puigdemont y los partidos independentistas resaltan que cuatro de cada diez europarlamentarios votaron en contra en una muestra de desconfianza hacia España.

Al margen de los números, que evidentemente son interpretables, hay que resaltar que los diputados de Podemos votaron a favor de Puigdemont y en contra de las tesis del gobierno del que forman parte en una división que resulta difícil de entender y que muestra una brecha profunda en el ejecutivo español, donde uno de los socios, que ocupa entre otras carteras la vicepresidencia, se muestra en contra de la postura del Estado. En segundo lugar, hay que destacar que pese a las declaraciones de la ministra de Exteriores de que los problemas de Catalunya se resuelven en España y no en Europa, la realidad muestra justo lo contrario: se ha votado en el Parlamento Europeo la situación legal de quienes ocupaban responsabilidades en el gobierno de Catalunya y el mismo juez Llarena, que lleva el caso, ha anunciado que planteará la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea antes de decidir los pasos a seguir.

También Puigdemont, Comín y Ponsatí han anunciado su intención de recurrir al TJUE, con lo cual es evidente que serán los jueces europeos quienes marcarán el camino. Y hay que recordar que la justicia belga ya rechazó la extradición del exconseller Puig al entender que no le correspondía juzgarle al Tribunal Supremo español.

De mantenerse el criterio, el caso dependerá de lo que diga el tribunal europeo porque tanto Bélgica, en los casos de Puigdemont y Comín, como Escocia, donde reside la exconsellera Ponsatí, son quienes tienen que decidir sobre la posible reactivación de las euroórdenes. Es decir, que los tres implicados continúan siendo eurodiputados y la pérdida de su inmunidad no entraña la entrega automática a la justicia española, ni su enjuiciamiento inmediato, sino que se levanta la inmunidad y se permite la reactivación de las euroórdenes, pero, como no está clara su resolución, todas las partes recurren al tribunal europeo.

Contrariamente a lo que sostiene la ministra, el caso se mantiene en el ámbito de Europa, ahora el judicial y no el político, y todo apunta a que aún se prolongará durante bastante tiempo..

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