Un certificado para la movilidad

La Comisión Europea presentó ayer el llamado certificado verde digital con el objetivo de que se apruebe en tres meses y se convierta en un pasaporte que facilite la movilidad de los europeos este verano. Es un avance significativo, pero siendo realistas hay que advertir que aún tiene que superar muchos escollos para que los 27 se pongan de acuerdo y acepten este certificado, que acreditará la vacunación correspondiente o que se han superado pruebas PCR u otros tests homologados, y permitirá acceder a los países miembros de la Unión Europea sin necesidad de someterse a cuarentenas.

Hay acuerdo en el concepto de este pasaporte, pero el primer problema surge con el ritmo de vacunación, muy dispar y que aún se ha visto más frenado por el lento ritmo de suministro de vacunas y por los problemas con AstraZeneca, que algunos expertos consideran exagerados porque son mucho mayores las ventajas que comporta su suministro que los posibles riesgos, que puede entrañar. En cualquier caso el certificado implica que todos los estados aceptan las pruebas de vacunación hechas en otro con los problemas de coordinación que entraña y con el añadido de si se referirán a las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento o incluirán también las vacunas rusa o china, que en algunos países europeos se están suministrando.

Se han superado las reticencias sobre posible vulneración de la privacidad porque el certificado propuesto no permitirá acceso a los datos personales, sino a una base de datos en la que los organismos autorizados, los hospitales o las autoridades sanitarias, certificarán las pruebas superadas y las vacunas suministradas, pero habrá que elaborar esta base de datos y que sea compartida por los 27 países al aceptar el pasaporte, requisito que no será fácil porque no todos los países tienen un registro conjunto. Luego habrá que unificar criterios sobre el tiempo que dura la inmunización de la vacuna o si los que han superado la enfermedad pueden contagiarla y superar el debate político en el Parlamento europeo, que siempre suele ser lento y los discrepantes aún pueden dilatarlo más.

Justicia lenta La Fiscalía de Lleida ha enviado parte del denominado caso Boreas a la Audiencia Nacional, mientras seguirá investigando aquí otra parte del sumario.

Lo hace cuando la causa principal lleva más de cuatro años abierta, desde 2016, y después de que se detuvieran en octubre de 2018 a varios políticos y empresarios que en dos años y medio todavía no han declarado ante el juez y, en consecuencia, no han podido dar su versión de los hechos, con consecuencias como la dimisión del entonces presidente de la Diputación. Cuando es tan lenta, la justicia es menos justa.

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