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Finalmente el Consejo Interterritorial de Salud ha rectificado y autorizará el suministro de la vacuna AstraZeneca a la franja de ciudadanos entre 55 y 65 años, tal como habían reclamado varias autonomías y la misma comisión de salud pública y se hacía ya en otros países europeos y en la línea de lo recomendado por la Agencia Europea del Medicamento, que considera la vacuna “segura y eficaz”. Se ha vivido con este producto un episodio extraño, primero con la suspensión del suministro al haberse detectado casos de trombos e incluso achacarse algún fallecimiento que al final no tenía nada que ver con la vacuna y se ha creado en torno a este producto una imagen de desconfianza que habrá que superar porque no hay motivos fundados, se ha suministrado con éxito a millones de personas en todo el mundo y, aunque tenga contraindicaciones, como sucede con todos los medicamentos, son muchísimo mayores las ventajas de suministrarla que los riesgos de no hacerlo.

Bien está que se controlen todos los peligros, pero si la vacuna ha estado autorizada por la Agencia Europea del Medicamento es contraproducente alimentar sospechas y dudas sobre su eficacia. Pero al margen de la vacuna auspiciada por la universidad de Oxford, hay que lamentar la política de la UE con las vacunas, que sí que está laminando su imagen de eficacia porque no es de recibo que a estas alturas apenas un diez por ciento de ciudadanos europeos, y en algunos países el porcentaje aún es inferior, haya recibido la primera dosis, mientras que en Estados Unidos, que se incorporó más tarde al proceso, ya está vacunado el 23 por ciento de la población, y en la Gran Bretaña, que abandonó la UE a primeros de año, el porcentaje sube hasta el 39 por ciento, por no hablar de otros países como Israel, que ya ha alcanzado a la mitad de la población.

Un informe publicado por el New York Times este fin de semana explica que la Comisión Europea decidió con buen criterio comprar las vacunas en bloque y destinó a principios del verano del año pasado un fondo de 3.200 millones de dólares para adquirirlas, mientras que Estados Unidos dotó a la Operación Máxima Velocidad con un presupuesto de 10.000 millones también para estas, además de aceptar las exigencias de las farmacéuticas sobre derechos de propiedad intelectual y posibles responsabilidades que la Unión Europea tuvo que negociar con los 27 países. Y, finalmente, el precio a pagar fue determinante para que se cumplieran los compromisos y se suministraran las dosis y, como explica un experto, “si pagas más, eliges el menú y eres el primero en comer”.

Ahora se anuncian para abril suministros masivos, aunque es evidente que la UE ha llegado tarde pese a que ha sido generosa en la financiación de las investigaciones, pero ha regateado en el pago a las farmacéuticas, que también aquí han buscado su negocio. Aunque sea a costa de vidas.

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